En agosto de 2016, Nicolás Maduro anunció la firma de acuerdos de inversión con empresas de Canadá, Suráfrica y EEUU por un total de 25.000 millones de dólares para la explotación del arco minero del Orinoco. La suma es similar al daño patrimonial que le habría causado a la república la mala gestión del sector eléctrico desde 2007 hasta el presente.
Según el informe de la comisión especial para investigar la crisis del sector eléctrico, el decreto de emergencia eléctrica de 2009, la estilización y centralización del servicio de electricidad en 2007 y la falta de escrúpulos u omisión de altos funcionarios permitieron uno de los mayores desfalcos hasta ahora detectados en los gobiernos de Chávez y Maduro.
«A partir de 2010 comenzó la adjudicación de contratos sin licitación. No se siguieron las líneas del Plan Nacional de Generación y Suministro y se pagó 180% más de lo previsto. Se aprobaron 42 proyectos de los cuales 16 no figuraban en el Plan y el costo pasó de 800 dólares por kilovatio a 2778 dólares por kilovatio, causándole a la nación un daño patrimonial de 25.381 millones de dólares. La mayoría de lis proyectos se pagó con sobreprecio. Estamos ante un acto de corrupción masiva», dijo Jorge Millán (PJ), presidente de la comisión especial.
La instancia pidió a la plenaria, y así fue aprobado por los diputados de oposición, declarar la responsabilidad política de los ex ministros de Energía y Petróleo Rafael Ramírez, Alí Rodríguez, Jesse Chacón y Argenis Chávez, así como del ex jefe del estado mayor eléctrico Aristóbulo Istúriz y de los directivos de Corpoelec y del ministerio de energía, Nervis Villalobos y Javier Alvarado.
La comisión también recomendó declarar el voto de censura contra el actual ministro de energía eléctrica, Luis Motta Domínguez por su incompetencia en la resolución de la crisis del sector y presunta complicidad en irregularidades administrativas. En tal sentido, la plenaria acordó citar a Motta para el próximo martes con el objetivo de escuchar sus descargos y decidir si aprueba el voto de censura en su contra.
Otra de las recomendaciones aprobadas por el pleno, que ayer por cuarta vez consecutiva estuvo conformado solo por la oposición ante la ausencia del GPP, fue la de remitir el informe a la Fiscalía para que investigue a los altos funcionarios señalados pero también la posible orquestación con 28 empresas privadas nacionales y extranjeras, entre ellas Impregiro, Vincler, Odebrecht y Derwick.
Entretanto, Rafael Ramírez acumula ya dos declaratorias de responsabilidad política por presuntos hechos de corrupción. El año pasado la plenaria lo declaró responsable por el desfalco de 11.000 millones de dólares durante su paso por la presidencia de Pdvsa.
Los números. El diputado Oscar Ronderos (AD), integrante de la comisión investigadora puso como ejemplo los casos de Tocoma, Planta Guarenas, Raiza I y Proyecto Arismendi, donde se hicieron los desembolsos y ninguna esta operativa. «En Tocoma un consorcio de tres empresas extranjeras (Odebrecht, Vincler e Impregiro) y una venezolana (Derwick), debieron colocar 10 turbinas e inaugurar la obra en 2010 y solo instalaron una y aún no ha sido inaugurada. En Planta Guarenas se instalaron equipos usados y se pagaron como nuevos. Raiza I sigue fuera de servicio. Proyecto Arismendi en Nueva Esparta era una planta de gas que luego de montar toda la obra se dieron cuenta de que no había conexión para gas», relató Ronderos.
Marianela Fernández (UNT), denunció que pese a que el gobierno afirma lo contrario, la planta Termozulia 4 y Bachaquero están paralizadas hace siete años: «El modelo centralizador demostró que es ineficiente».
Francisco Sucre (VP), afirmó que la declaratoria de emergencia eléctrica fue el aval para cometer actos de corrupción: «El gobierno ha invertido 40.000 millones de dólares en plantas termoeléctricas que solo han aportado 9.000 megavatios, mientras que en otros países, con esa misma suma de dinero se habrían instalado y generado 30.000 megavatios».
Con información de: El Nacional
Fecha: 16 de febrero de 2017