De 700.000 a 3.000.000 bolívares es el precio de la libertad que le ponen funcionarios de seguridad del Estado y de los tribunales a las personas que fueron detenidas durante las manifestaciones de abril a agosto de este año y se encuentran bajo investigación por los presuntos delitos que cometieron, denunció la ONG Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz.

Advirtió que en Lara siete personas que tienen procesos judiciales abiertos han debido cancelar altas sumas de dinero en moneda nacional y en alguno casos hasta en dólares a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas o del Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana, con la complicidad de los jueces, fiscales y en caso hasta abogados de la defensa.

“Tuve que pagar un dinero para que me borraran temporalmente del sistema de Cipol –Centro de Investigaciones Políticas– para poder trasladarme y que, en caso de que me pararan en una alcabala en la carretera, no me dejaran detenido”, indicó un estudiante que tiene un expediente abierto por ser “terrorista de alta peligrosidad” y recurrió a ese proceso para escapar de las amenazas.

El joven, que se vio obligado a salir del país, denunció ser víctima de constante hostigamiento de parte de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y de Contrainteligencia Militar. “Recibí llamadas a mi teléfono personal y a mi casa, amedrentándome con que sabían donde estaba mi hijo y mi familia”, declaró.

“Con el cobro de vacunas se está es criminalizando doble a la víctima. En primer lugar por tratarse de una detención arbitraria y, en segundo, por ser obligados a cancelar dinero por su libertad”, manifestó Andrés Colmenares, director de Funpaz. “Durante la reclusión también han cobrado para otorgar la libertad sin ningún tipo de presentación ante tribunales”.

El activista de los derechos humanos manifestó que existe miedo y coacción entre las víctimas, razón por la cual no ha habido denuncias públicas ante el Ministerio Público ni en la Defensoría del Pueblo.

Fuente: El Nacional

Fecha: 19 de septiembre de 2017

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