Remesas, telecomunicaciones, Internet, servicios médicos, suministros alimentarios, medicinas y hasta la operatividad de plantas televisivas que requieran insumos de empresas de Estados Unidos están garantizados pese al bloqueo.
En el diseño de las sanciones, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) ha impuesto desde 2015, se ha hecho énfasis especial en que las disposiciones no afecten a la población venezolana.
Desde la firma de los primeros decretos, con los que se sancionó a funcionarios del Estado venezolano de forma individual, la intención del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sido reducir la capacidad financiera del gobierno de Nicolás Maduro, como se expuso en las consideraciones de la “Guía relacionada con la provisión de asistencia humanitaria y apoyo al Pueblo venezolano”, que la OFAC publicó el martes, tras la entrada en vigencia del bloqueo.
Cada una de las excepciones ha estado orientada a delimitar el alcance de las sanciones. Como la Licencia General 26, la tercera desde que la administración de Donald Trump arreció emisión de medidas coercitivas contra Maduro. En la citada disposición se autoriza la provisión y recepción de servicios médicos de emergencia no programados y la provisión de otros servicios médicos que involucran al Gobierno de Venezuela.
Con esto se garantiza la adquisición de equipos, insumos, productos, software y demás suministros destinados a la prestación de servicios de salud y mitigación de los efectos de la emergencia humanitaria compleja que ocurre en el país.
Las prerrogativas incluyen rubros alimentarios. En la Licencia General 4C se autorizan ciertas transacciones “normalmente incidentes y necesarias para la exportación o reexportación de productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos, piezas de repuesto y componentes para dispositivos médicos o actualizaciones de software para dispositivos médicos a Venezuela, o para personas en terceros países que compran específicamente para revender a Venezuela”.
La sanción, al congelar los bienes, también le impide a Maduro poner en garantía el patrimonio del país en negociaciones con otras naciones, como se hizo con Citgo en 2016 para recibir un préstamo y financiar a Pdvsa. En ese momento dio en garantía a Rosneft 49,9% de las acciones de Citgo.
Con información de El Pitazo