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Presos, inhabilitados, exiliados, perseguidos, amenazados, sin pasaporte o en la clandestinidad, así figuran alcaldes y gobernadores disidentes que se oponen al régimen de Nicolás Maduro.

Según Foro Penal al menos 16 alcaldes de oposición se encuentran en algún tipo de proceso judicial o anulamiento político.

Alfredo Romero, director de esa ONG, colgó en su cuenta de Twitter que son cuatro los alcaldes presos: Antonio Ledezma (área metropólitana de Caracas), Delson Guárate (El Limón, Aragua), Alfredo Ramos (Iribarren, Lara), Daniel Ceballos (San Cristóbal).

Y cuatro con orden de captura: Gustavo Marcano (Lechería), Carlos García (Mérida), Warner Jiménez (Maturín), Ramón Muchacho (Chacao) y David Smolansky (El Hatillo).

Como una jugada del gobierno, que apunta a debilitar el terreno de la política, califica el politólogo Luis Francisco Cabezas esta situación que le ocurre a funcionarios legítimamente electos en el año 2013.

Los primeros alcaldes en convertirse en presos políticos fueron Daniel Ceballos (San Cristóbal) y Enzo Scarano (San Diego, Carabobo), quienes, tras las protestas que originó La Salida en 2014 fueron encarcelados por supuesta rebelión civil.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido determinante en la mayoría de los casos, que acusa a los alcaldes de incurrir en el delito de desacato o de impedir la colocación de barricadas.

Ceballos, dirigente de Voluntad Popular, está preso en el Sebin del Helicoide. Mientras que Enzo Scarano, está inhabilitado por la Contraloría General de la República, órgano que le impide al dirigente del partido Cuentas Claras ejercer funciones públicas por 15 años.

En 2014 Scarano fue sancionado a cumplir 10 meses y 15 días de prisión. En enero de 2015 el TSJ dictó la medida de casa por cárcel.

“Desde 2014 vemos este proceso de debilitamiento del ejercicio de la política a través del Poder Judicial como un mecanismo de linchamiento político”, dice Cabezas.

A su juicio, los alcaldes tienen sencillamente que cerrar filas al encontrarse frente a un gobierno dictatorial. En este sentido el politólogo propone defender los espacios aún en las condiciones más adversas, es decir, presos o inhabilitados.

Agrega que ante un escenario electoral se trata de al menos 335 alcaldías por las cuales es ineludible luchar a pesar del terrorismo político y la persecución. “Son espacios que se deben seguir peleando porque en el caso de Barquisimeto la ciudadanía sabe que la concejal impuesta como alcaldesa es una usurpadora y por lo tanto una autoridad ilegítima”.

Asimismo expone que el rol de los partidos políticos es brindar soporte político a fin de que esas alcaldías sigan siendo un terreno ganado y recuperable porque esto que hoy pasa es momentáneo.

Víctimas del régimen

Tras encarcelar a Ceballos y Scarano vinieron en 2015 las aprehensiones de Antonio Ledezma (ABP) y Lumay Barreto (VP) administradora del municipio Páez, Apure. El primero está acusado de conspiración y permanece bajo arresto domiciliario. La segunda fue destituida por el Concejo Municipal de mayoría oficialista.

En 2016, durante los procedimientos para el revocatorio por parte de la MUD, el gobierno sacó del juego político a Delson Guárate (El Limón, Aragua) y Warner Jiménez (Maturín, Monagas), ambos de VP y señalados por hechos desestabilizadores.

En 2017, luego de más de 130 días de lucha, el gobierno se vale del TSJ para repetir la receta de 2014. Es así que entran a la lista de alcaldes separados de su cargo Gustavo Marcano (Diego Bautista Urbaneja, Anzoátegui), Carlos García (Libertador, Mérida) y Ramón Muchacho (Chacao) de Primero Justicia y David Smolansky de Voluntad Popular.

Con información de: El Impulso

Fecha: 13 de agosto de 2017

 

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