Las posibilidades para conseguir financiamiento externo se le ha complicado cada vez más a Venezuela. Los importantes pagos de deuda externa que se deben ejecutar en abril y las importaciones que deben realizar para llenar las bolsas Clap, obligan al Gobierno a forzar disposiciones legales para contar con las divisas necesarias para ello.
Analistas señalan que tras las advertencias a los organismos internacionales y los gobiernos de otros países por parte de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, de no reconocer acuerdos sin el aval legislativo, han complicado la búsqueda de dinero fresco para reforzar las finanzas públicas.
China, principal aliado del Gobierno en materia financiera ha disminuido sus desembolsos al país y ahora el presidente Nicolás Maduro busca un nuevo financista: Rusia.
Igualmente, organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo CAF han suspendido sus préstamos a Venezuela hasta tanto el Parlamento salga del desacato impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Según información del diputado de la AN, José Guerra, un préstamo por 400 millones de dólares quedó en veremos por parte de la CAF.
Las sentencias 155 y 156 del TSJ en las que el máximo tribunal asumía las competencias de la AN fueron reformadas, pero no así la potestad del Ejecutivo de crear y vender participación accionaria en las empresas mixtas en los sectores petroleros y mineros.
Esta acción se suma a las muchas estrategias financieras que el chavismo ha ejecutado para conseguir dólares. Además de restringir las importaciones; ha vendido refinerías en el exterior, oro monetario de las reservas internacionales, Derechos Especiales de Giro (DEG) en el FMI y acciones en algunas empresas mixtas petroleras; ha ejecutado canje de bonos de deuda externa colocando como garantía un paquete accionario de Citgo. Mientras que Pdvsa ha enviado menos dólares al Banco Central de Venezuela para ahorrar y cumplir así con sus compromisos de deuda externa y con sus proveedores.
El Gobierno pudo sobrevivir a la caída de los ingresos petroleros y de sus reservas internacionales, con el uso de importantes activos líquidos en divisas, sin embargo, estos también reflejan montos bajos de cara a 2017.
De acuerdo a cálculos de la consultora Ecoanalítica, los activos en divisas (monedas, depósitos y títulos que se pueden emplear de manera más rápida) representaban 21.293 millones de dólares, mientras que para 2017 cuentan con $4.075 millones. Esto significa que en apenas dos años, el Gobierno utilizó $17.218 millones para cumplir con sus distintos compromisos, especialmente los de deuda en dólares.
Esta cifra luce ínfima ante las necesidades de financiamiento del Gobierno para este año, el cual se enfrenta a un déficit de $9.500 millones.
La Salida
Ante la falta de recursos ahora el gobierno de Maduro ejecuta convenios con Rusia para obtener fondos. Según información de la agencia Reuters, Venezuela está negociando un apoyo financiero de la petrolera rusa que le permita cumplir con los compromisos de deuda en abril que suman $2.058 millones.
Para el economista Francisco Rodríguez, director del banco de inversión Torino Capital, la crisis constitucional de esta semana profundiza la incertidumbre asociada con el futuro reconocimiento de las obligaciones asumidas durante la actual administración.
«La profundización de los conflictos internos corre el riesgo de que sean repudiados por otros gobiernos y ha debilitado la capacidad de la administración de Maduro para aprovechar los mercados internacionales. Es esta restricción financiera la que obliga al Gobierno a volver a la mesa de negociaciones».
El gobierno busca modificar la Ley de Hidrocarburos para incluir condiciones en las que los socios pueden invertir en empresas Inversiones más atractivas. Sin embargo, Rodríguez no cree que las decisiones del TSJ sean esenciales para que Pdvsa obtenga los recursos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones de pago. «Esperamos que esos pagos se realicen en efectivo por la empresa a través de los recursos que ha acumulado al reducir la cantidad de dólares transferidos al Banco Central de Venezuela, así como el financiamiento de un préstamo de Rosneft por $1.500 millones aprobado el año pasado, del cual creemos que una fracción todavía no ha sido utilizada».
El economista y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del Instituto de Estudios Superiores de Administración, Francisco Monaldi, denunció que el Gobierno quiere modificar las empresas mixtas Petromonagas y Petropiar para vender una parte a Rosneft sin la aprobación de la AN.
«El recule (del TSJ) deja en pie que Maduro puede vender y crear empresas mixtas, necesitan los reales ante todo. Pareciera que no solo quieren vender participación en empresas mixtas, como PetroPiar, sino entregar campos de Pdvsa a nuevas empresas mixtas», alertó a través de su cuenta en Twitter.
Monaldi señaló que el Ejecutivo busca ofrecer mejores condiciones fiscales para poder conseguir más divisas con esta venta de activos, pero acota que ahora hay compañías aún menos dispuestas a invertir en este ambiente. «Solo negocios turbios a precio de gallina flaca ocurren así».
El presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, José Guerra, alertó que las decisiones tomadas por el TSJ buscan autorizar al Gobierno a firmar contratos petroleros «ilegales». Alertó que una de las motivaciones de las sentencias es «entregar parte de las empresas petroleas de la Faja a la petrolera rusa Rosneft.
«Venezuela enfrenta un fuerte deterioro de sus cuentas externas que durante los últimos tres años ha causado una pérdida de reservas internacionales de $11.145 millones. A la disminución de los precios del petróleo se ha unido la amortización neta de deuda pública a razón de más de $8.000 millones anuales y la ausencia de dinero fresco por parte de los inversionistas», dijo.
Resaltó el diputado que las advertencias a la CAF sobre la nulidad de los contratos sin el aval de la AN y sobre el respeto a la ley en el otorgamiento de créditos a Venezuela, se hicieron extensivas al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Ante estas limitaciones legales y constitucionales al Ejecutivo se le cierran las puertas para lograr financiarse y solo le queda la esperanza de que los precios del petróleo aumenten para reforzar los ingresos en divisas, sin embargo, esto tampoco sería una posibilidad ya que según los analistas el barril de crudo no pasa de los 50 dólares, precio que no cubre los gastos del Gobierno.
Fuente: Tal Cual
Fecha: 16 de abril de 2017