Dirigentes sindicales denunciaron que con el fin de garantizar la asistencia masiva a las marchas oficialistas del 19 de abril, especialmente la de Caracas que se concentró en la avenida Bolívar, el oficialismo impuso a los empleados públicos la asistencia obligatoria.
El Servicio Autónomo de Registros y Notarías del Distrito Capital y Miranda envió a sus trabajadores un texto que reza: “Se le notifica que para el día 19-04-2017 está convocado todo el personal a una manifestación en el Palacio de Miraflores, en la avenida Urdaneta de la ciudad capital, a las 9:00 am, de carácter obligatorio”.
La carta anota que la actividad tiene por finalidad “la defensa de la patria, la revolución y el gobierno bolivariano del presidente obrero Nicolás Maduro”. Y agrega que los funcionarios deben asistir con la camisa institucional roja.
En letras negritas el texto advierte que el que no se movilice “no se llama revolucionario ni chavista”, tampoco funcionario del gobierno, y anexa la lista con todo el personal para que ratifiquen su asistencia.
Los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional fueron sorprendidos el martes con una comunicación de la directiva por la red interna, en la cual se indicaba que todo el personal tenía que asistir la marcha del 19-A “en defensa de la patria”. Al final de la misiva, el empleado eléctrico debía confirmar su asistencia y si la respuesta era negativa explicar por qué.
“Antes los jefes y directores se cuidaban de dar la orden por escrito, pero esta vez los acorraló”, señaló José Matute, directivo del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato.
El representante de Fadess refirió que el martes se agudizó el acoso laboral del PSUV en los centros de trabajo para contar con los funcionarios en los distintos actos del gobierno de Nicolás Maduro en Caracas y otras ciudades del interior del país. “También aplicaron el chantaje a los choferes con créditos de la Misión Transporte, a quienes pidieron que aportaran las unidades para trasladar a la gente como contrapartida al favor del Estado”, dijo.
Marlene Sifontes, dirigente de Fadess, manifestó que el movimiento sindical rechaza las medidas coercitivas del oficialismo aplicadas contra los empleados públicos porque “ellos tienen el derecho de escoger libremente si marchan con el gobierno o con la oposición”.
La sindicalista advirtió que en las últimas semanas “los jefes y directores han pasado del mensaje sutil sobre la conveniencia del funcionario de ir a la marcha porque tiene un trabajo gracias a la revolución, a la orden directa y sin rechistar de vas o vas”.
En Catia La Mar, estado Vargas, un concejal instó a los trabajadores y a los habitantes del municipio a asistir al acto de Caracas bajo la amenaza de que si no lo hacían no iban a recibir las bolsas de comida que reparten los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento Producción).
Otras comunicaciones con la misma tónica fueron recibidas por los trabajadores de Cantv, Pdvsa y el Instituto Nacional de Parques, seccional Carabobo, entre otras instituciones.
José Matute afirmó que con esta acción el gobierno irrespetó el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, contra la discriminación política, religiosa, de raza y género.
El sindicalista señaló que la Unidad de Acción Sindical incorporará estas nuevas pruebas al expediente de violaciones a los convenios de la OIT por parte del gobierno.
Además de Fadess, en la Unidad de Acción Sindical están la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la Cofederación de Organizaciones Sindicales Autónomas, la Central General de Trabajadores y la Unión Nacional de Trabajadores.
Fuente: El Nacional
Fecha: 20 de abril de 2017