Al cercenar las potestades del Legislativo, se consolida la “neodictadura del siglo XXI”, alertó el ex ministro Fernando Egaña.
Por órdenes de Miraflores, la Tesorería Nacional no procesa el desembolso de recursos para pagar el sueldo de los diputados de la Asamblea Nacional. El segundo vicepresidente del Legislativo, Simón Calzadilla, precisó que no han cobrado la segunda quincena de agosto y temen que ocurra lo mismo con la primera de septiembre, a pesar de que enviaron la nómina al Ministerio de Finanzas.
La amenaza del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, de negarle fondos al Parlamento se cumple, lo que afecta también a los diputados del Bloque de la Patria. Calzadilla indicó: “Gracias a Dios no han paralizado el salario de los trabajadores”. Sin embargo, adelantó que el jueves 15, cuando se inicie el segundo período de sesiones, pedirá debatir el tema.
“¿Cuál es el pecado original de la Asamblea? Ser de la oposición”. El ex ministro de Información Fernando Egaña explica así por qué el gobierno, a través del Tribunal Supremo de Justicia, cercena las atribuciones del Poder Legislativo con el propósito de evitar cualquier contrapeso o que se evalúe la gestión de Maduro. “Es la neodictadura del siglo XXI que, si bien deja que funcione un foro político de debate, de confrontación, lo limita, lo despoja de funciones y amenaza con llevar a la cárcel a los diputados”, señaló.
La ONG Acceso a la Justicia totaliza, al igual que el abogado José Vicente Haro, 27 sentencias que eliminan de facto las atribuciones constitucionales del Parlamento de hacer leyes, ejercer control político y el papel contralor sobre el resto de los poderes.
Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, alertó que la última sentencia del TSJ, N° 808, no solo calificó de nulas las leyes, actos o acuerdos aprobados desde el 28 de julio, sino las futuras que adopte el actual Legislativo. En total, una ley (sobre explotación del oro), 2 sesiones y 4 acuerdos de condena a la persecución política, de exhorto al CNE para que respete lapsos del referéndum de revocatorio, entre otros.
“La N° 808 eliminó, de manera total, a la Asamblea. El artículo 187 de la Constitución fue derogado. El TSJ dejó sin efecto todos los actos, así como los votos de quienes eligieron a los diputados de la MUD, y del oficialismo, quienes no podrán aprobar leyes, ni reunirse ni aceptar la incorporación de los representantes de Amazonas, lo que afecta a los ciudadanos. El TSJ aprueba actos contrarios a su propia jurisprudencia. En ninguna parte del mundo se legisla contra actos futuros, sobre cosas que no han pasado”, afirmó Louza.
El TSJ –añadió– derogó las potestades del Parlamento en materia socioeconómica, el control sobre los poderes Ciudadano, Electoral y Judicial, el BCV y la Fuerza Armada, cuyos miembros no pueden ser citados a rendir cuentas. “Al rechazar la enmienda constitucional se despojó al Legislativo del poder constituyente y hasta el derecho de permitir un viaje del presidente al exterior”.
¿Qué hacer? El diputado Carlos Valero, de Un Nuevo Tiempo, no es pesimista pues cree que el Parlamento debe seguir legislando en lugar de paralizarse: “La Asamblea es el poder con mayor legitimidad y apoyo, por lo que debe construir ese nuevo entramado legal que se pondrá en práctica una vez que seamos poder y gobierno, y que permitirán que la economía se modernice, se recupere el poder del salario y se enfrente la crisis humanitaria. El desespero, lejos de fortalecer a Maduro, lo debilita y acelerará su salida del poder”.
FUENTE: EL NACIONAL
12/09/16