El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 10.477 protestas durante el primer semestre de 2019, equivalente a un promedio de 58 diarias.
Esta cifra representa un incremento de 97% en comparación con el mismo período de 2018 y 112% en relación a 2017.
El balance realizado por el OVCS durante el primer semestre de 2019 pone en evidencia la gravedad de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela y como los derechos humanos de los ciudadanos son cada vez más vulnerados sin que existan mecanismos efectivos para su reivindicación.
El colapso de los servicios públicos, acceso a medicinas e insumos médicos, alimentos, entre otros factores, agudizó de manera acelerada e insostenible la crisis venezolana. La situación humanitaria requiere atención urgente, la ayuda que ha ingresado hasta el momento es insuficiente frente a las necesidades de la población, por lo que las autoridades deben avanzar hacia una respuesta coordinada con órganos técnicos especializados, para resarcir la afectación a los derechos sociales y que los venezolanos puedan ver garantizado un nivel de vida adecuado y digno.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de la Oficina del Alto Comisionado (OACNUDH), expuso ante el mundo, en su más reciente informe difundido, la existencia de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, tanto en materia de derechos económicos y sociales como civiles y políticos, a consecuencia de la reducción del espacio democrático por la implementación de leyes, políticas y prácticas que buscan neutralizar, reprimir, criminalizar y atemorizar a la población.
El primer semestre 2019 se caracterizó por:
Arreció la Política de Represión. Uso de grupos de exterminio para reprimir, conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Colectivos Paramilitares. Dejando un saldo de 61 personas asesinadas durante las protestas y otras 6 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en allanamientos y detenciones ilegales en viviendas donde habitaban personas que presuntamente habrían tenido participación en las manifestaciones.
Reactivación del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3) y sus Subsistemas. Con el fin de obstaculizar, criminalizar y reprimir las protestas a nivel nacional.
Participación de las Redes de Acción y Articulación Sociopolítica (Raas) en las comunidades. Vecinos, integrantes de estas redes, ejecutan el rol de agentes de inteligencia, informando a cuerpos de seguridad y Colectivos Paramiltares sobre la ubicación e identidad de manifestantes.
Respaldo popular al Presidente Encargado Juan Guaidó, en movilizaciones convocadas por partidos oposición y sociedad civil, logrando congregar a diversos y numerosos actores sociales y políticos durante los primeros 4 meses del año.
Incremento de las protestas en sectores populares, antiguos bastiones del chavismo, exigiendo la renuncia de Nicolás Maduro y restablecimiento de la democracia.
Aumento de las protestas por servicios básicos, principalmente por electricidad, agua potable y gas doméstico.
Repunte de saqueos en zonas vulnerables a causa de las fallas del sistema eléctrico.
Alto índice de protestas ante la falta de distribución y venta de gasolina.
A partir del segundo trimestre las protestas por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) nuevamente comienzan a tomar terreno en las calles.
Trabajadores se mantienen en pie de lucha exigiendo el respeto a las contrataciones colectivas y salarios dignos.
Distribución geográfica de las protestas
Durante el primer semestre, las protestas se diseminaron en todo el territorio nacional. En zonas rurales y urbanas. Muchas fueron espontáneas realizadas por vecinos, vinculadas principalmente a exigencias de servicios básicos, alimentos y cambios políticos, otras planificadas y organizadas por simpatizantes de partidos políticos y grupos sindicales.
Las entidades con mayores índices de protesta son: Miranda (947), Distrito Capital (888), Táchira (742), Trujillo (730) y Lara (716).
La represión del régimen de Nicolás Maduro como Política de Estado
La respuesta del régimen de Nicolás Maduro a las manifestaciones populares y pacíficas en todo el país ha sido la criminalización, judicialización y la implementación de la represión letal como Política de Estado. Esta Política ha sido ejecutada principalmente por grupos de exterminio conformados por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Colectivos Paramilitares, Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y otros cuerpos policiales.
Entre enero y junio de 2019, fueron asesinadas 61 personas durante las manifestaciones.
El OVCS y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) lograron documentar de manera conjunta la muerte de 61 personas durante el desarrollo de las manifestaciones ciudadanas, así como el asesinato de 6 personas, días después de realizadas las protestas, que fueron detenidas en sus casas y ejecutadas extrajudicialmente por participar en protestas u organizarlas. Las muertes ocurrieron en 17 estados del país.
Con información del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social