Una comisión del Ministerio Público (MP) recibió al Comité Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada, luego de una protesta que hicieron en la avenida México, pese a la comparsa de Carnaval que estaba ahí.
Sin embargo, los resultados no fueron tan alentadores como esperaban. Los recibió David Polis Fuentes, director general de Apoyo Jurídico del MP, y sostuvieron una reunión con dos fiscales con competencia en derechos humanos. Quedaron en entregar varios informes explicando la situación, para retomar las investigaciones, casi 10 meses después.
Los familiares de las víctimas aseguraron que casi todo lo que conocen ha sido porque ellos mismos investigaron, pues no tienen apoyo del funcionarios del Estado.
Inti Rodríguez, miembro del equipo de investigación de Provea, instó al MP a que se investigue el paradero de 90 personas que desaparecieron en altamar. Además huyeron de la crisis del país para ayudar a sus familiares y podrían ser víctimas de trata de personas, prostitución, esclavitud forzada y tráfico de órganos.
El 16 de mayo de 2019 desapareció la embarcación Ana María. También iba desde Güiria hasta Trinidad y Tobago con 33 pasajeros. No hay rastros de este bote, excepto el capitán Alberto Abreu, quien fue rescatado a 20 millas de Trinidad, en Granada. Posteriormente, escapó.
De acuerdo con testimonios que ha recogido Crónica.Uno, los familiares sospechan que las víctimas fueron captadas por una red de trata de personas que opera entre Venezuela y Trinidad y Tobago.
Kelly Zambrano, de 19 años, se montó en el bote Ana María. Una amiga de la universidad, de nombre Rommy, le ofreció trabajar en Trinidad y Tobago juntas. Ambas se encontrarían en el país caribeño.
Aunque no tenía suficiente dinero reunió 240.000 bolívares y Rommy se ofreció a prestarle 200 dólares para pagar el pasaje en la lancha. Luego de que se conociera que la embarcación desapareció los familiares perdieron contacto con Rommy.
La comisión especial designada por la Asamblea Nacional (AN) para investigar el naufragio de Jhonnalys José y la desaparición de Ana María denunció que hay funcionarios públicos venezolanos involucrados en una red de trata de personas.
El diputado Roberto Alcalá señaló que la Capitanía de Puerto da la autorización para que zarpen las embarcaciones y esto es ilegal, según la Ley de Comercio Marítimo, que prohíbe el uso embarcaciones pesqueras para el transporte de personas. Dijo que cobran hasta 550 dólares.
Naufragio en Coro
El 7 de junio de 2019 partió desde la playa Aguide, en Coro estado Falcón, una lancha con destino a Curazao. Viajaban 35 pasajeros y solo localizaron el cadáver de Elio Ramones, de 44 años. No había pasado un mes de los hechos de Güiria.
Jhonny Romero, padre de una de las víctimas y representante del comité de familiares de víctimas de Falcón, dijo a Crónica.Uno que el cuerpo de Ramones presentaba impactos de bala, aunque hicieron creer que falleció por inmersión.
El diputado de la AN, Eliézer Sirit, denunció en aquella oportunidad que la lancha iba cargada de jóvenes menores de 30 años. Todos viajaron para buscar una mejor calidad de vida.
Con información de Crónica Uno.