En lo que va de año, 23 diputados de la Mesa de la Unidad han sido víctimas de agresiones físicas, contra sus bienes o institucionales. ¿Los agresores? Seguidores del gobierno, cuerpos de seguridad (por acción u omisión) y otros poderes públicos.
En total se han registrado 16 hechos de este tipo, que incluyen las 3 sentencias del TSJ que desbancaron a los legisladores de Amazonas y la que impidió la incorporación de 3 diputados presos. Algunos parlamentarios, como Olivia Lozano y Dinorah Figuera, han sido blancos de ataques en más de una ocasión. Otros 3 han recibido amenazas contra su vida o su familia. Ninguna de las agresiones físicas ha sido debidamente investigada por el Ministerio Público.
Un factor común en varios de los sucesos, afirman los diputados, es que han sido perpetrados ante la mirada apacible de la GNB, e incluso, como consecuencia de haber sido expuestos por ese componente ante colectivos violentos, como ocurrió el 9 de junio a las puertas del CNE.
Todo lo anterior, a pesar de que el artículo 200 de la Constitución consagra la inmunidad parlamentaria, que brinda a los diputados de una protección especial frente a acciones jurídicas y físicas por parte de terceros. Incluso, las fuerzas del orden no pueden actuar contra los parlamentarios sin que medie una orden expresa del TSJ, previa autorización de la Asamblea Nacional.
Acuerdo. La mayoría opositora aprobó ayer un acuerdo en rechazo a las agresiones contra los diputados de la MUD por parte personas afectas al gobierno.
La propuesta fue de Conrado Pérez (Trujillo), cuyo vehículo fue incendiado el fin de semana durante una visita a su estado: “Ya está bueno de que el gobierno le siga pagando a los colectivos con viviendas para que nos agredan, pero eso no nos detendrá”.
Julio Ygarza (Amazonas) tomó la palabra por primera vez desde su incorporación a la Cámara la semana pasada, para exponer que la actuación del TSJ, y el silencio guardado por la Defensoría y la Fiscalía ante la supresión de la representación en el estado amazónico es otra forma de agresión a la Cámara y a los derechos políticos.
Maribel Guédez (Barinas) denunció que grupos progobierno han impedido inspecciones del bloque Barinas a la Central Azucarera Ezequiel Zamora y que sus integrantes tuvieron que disfrazarse para ingresar al Hospital Luis Razzeti de esa entidad: “Somos agredidos siempre que queremos hacer valer nuestros derechos”.
Juan Carlos Bolívar (Sucre) expresó: “Venezuela vive una complicidad de Poderes”, y resaltó el hecho de que las agresiones ocurran frente a cuerpos de seguridad que no hacen nada para proteger a los diputados, en especial la Guardia Nacional Bolivariana, dijo.
Olivia Lozano y Américo de Grazia, ambos de Bolívar, resaltaron que la política gubernamental de agresión y violación de derechos no es exclusiva contra los diputados, sino que afecta a todos los ciudadanos. Lozano mostró algunos de los casos de diputados atacados y exigió el cese de la situación.
En el acuerdo aprobado exigen protección a los cuerpos de seguridad; investigación, a la Fiscalía, y al Ejecutivo abstenerse de emitir mensajes violentos en su contra. También instan al defensor del Pueblo a velar por el respeto a los derechos políticos.
FUENTE: EL NACIONAL