En un país donde 9,71% de la población es de la tercera edad, según el INE, el pronóstico de vida luce incierto para quienes pasan sus últimos días en el regazo de los geriátricos, instituciones que, al igual que los hospitales y otras entidades de asistencia social, están acorraladas por el hambre, la escasez de medicamentos, las fallas de servicios básicos y la crisis política que anula la apertura de cualquier corredor de ayuda humanitaria.
Un informe enviado recientemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y realizado por Convite, un observatorio de derechos humanos, precisa que de 130 instituciones orientadas a la atención de adultos mayores en el Área Metropolitana y Miranda, 71 son casas hogares, neutralizadas por la inflación y la incapacidad de sostenerse.
El documento agrega que 35% de las residencias geriátricas, lo que equivale a 25 establecimientos, evalúa la posibilidad de no prestar servicio durante el último año. Entre las razones, los representantes arguyen el alto costo de los alimentos y el déficit financiero para atender nuevos ingresos.
Pero hay un argumento que descuella y es la merma de utilidades que esas instituciones, algunas de capital privado, registran por el subsidio que brindan a personas abandonadas y en pobreza extrema. Luis Francisco Cabezas, director de Convite, enfatiza que 30% de las casas hogares atiende a pacientes remitidos por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Y agrega que de los centros que no descartan su cierre, 13 están en Libertador, 4 en Chacao, 3 en Sucre, 3 en Baruta y otros 2 en Altos Mirandinos y Guarenas-Guatire.
La coyuntura, consideran expertos, apunta a un recrudecimiento del problema en el Área Metropolitana, donde 51.851 habitantes de 60 años y más padecen algún tipo de discapacidad y los clubes de abuelo solo cubren 1% de la demanda, y no brindan asistencia integral, según la alcaldía Metropolitana.
Frank Jugo, presidente de la Fundación Santo Domingo, que administra desde hace 33 años un centro residencial homónimo, dice que enfrentan las mismas dificultades de cualquier hogar venezolano, pero multiplicadas por el número de pacientes.
«Solo en el Hogar Santo Domingo atendemos a 40 adultos. Pero la fundación tiene un total de tres geriátricos adjuntos que entre todos asisten al menos a 120 ancianos».
Además del desabastecimiento, la coyuntura multiplica los costos para el mantenimiento de la infraestructura y el pago de nómina. Una dificultad que se acentúa en los recintos de capital privado, que son la mayoría y suman 50 en Caracas y Miranda, cuyos regentes reportan un descenso importante en el número de usuarios, como ocurre en el geriátrico Santo Domingo, donde 20 pacientes han sido retirados.
El escenario se presenta en un contexto donde el gasto promedio de un adulto oscila entre 15 mil bolívares por día y 400 mil por mes. A juicio de Jugo, se trata de una cifra conservadora que triplica la pensión, cuyo monto mensual se ubica en Bs 136.543, con el aumento de 40% anunciado este mes. En algunos ancianatos la crisis compromete la alimentación de los abuelos, que en condiciones óptimas deben ingerir 1.500 kilocalorías por día, un estándar difícil de alcanzar para la Fundación El Buen Samaritano, que administra al menos seis casas.
La crisis incluso ha endosado ciertos aires de lujo a esos servicios y ahora solo son inscritas personas con ACV, hemiplejías o alguna discapacidad severa. solo 38, de 71 residencias, reciben algún tipo subvención, de origen privado o gubernamental, enfatiza Convite.
En Colinas de Vista Alegre, donde existen tres ancianatos, la comunidad creó Cáritas Parroquial que lleva adelante el proyecto «Barriga llena, corazón feliz», una iniciativa que pretende apoyar con la donación de alimentos.
Fuente: El Universal
Fecha: 14 de septiembre de 2017