EL 15 DE JUNIO DE 2018, Petare, considerada como la barriada más grande de América Latina, amaneció con la noticia de una masacre. Entre las 6:00 am y 9:00 am, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) asesinaron a 11 hombres, todos menores de 40 años, en medio de un operativo que abarcó tres sectores: Mesuca, Barrio Unión y Maca. De acuerdo con el testimonio de sus familiares, al menos 8 de las víctimas fueron ejecutadas.
Aquella matanza fue la más numerosa cometida durante 2018 por las FAES, que hoy se considera como el grupo de exterminio de la PNB, y que el año pasado fue el responsable de 256 homicidios.
2018 fue un año en el que 601 personas murieron en manos de los cuerpos de seguridad del Estado ( 561 en ejecuciones y resistencia a la autoridad, y 40 en otros móviles), lo que representa 44 % de los 1.364 homicidios que registró Monitor de Víctimas en el Área Metropolitana de Caracas. También fue un año en el que las ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías se convirtieron en el motivo más recurrente de las muertes violentas: en 365 días hubo 373.
El robo, que entre mayo de 2017 y 2018 había sido la primera causa de estas muertes, quedó relegada a un segundo lugar: cobró 263 vidas. La tercera causa de homicidio más frecuente fue “resistencia a la autoridad”, término adoptado por los policías para referirse a las muertes ocurridas durante presuntos enfrentamientos o persecuciones en las que se pusieron en peligro la vida de los uniformados o de terceros. Así cayeron 184 personas.
El abogado penalista y criminólogo, Luis Izquiel, advirtió que las cifras de homicidios de las FAES demuestran el “aumento de la fuerza letal del Estado” en operativos que son aplicados bajo el estandarte de la seguridad ciudadana, pero que violan los derechos humanos.
El especialista advirtió que ya en 2018, en el estado Aragua las ejecuciones extrajudiciales fueron el móvil más frecuente: hubo 755, según cifras del Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. “Es un patrón que viene presentándose en otros sitios y demuestra una tendencia”, apuntó. La misma organización señaló que los casos de resistencia a la autoridad aumentaron 6 % y pasaron de 4.988 a 5.280 en todo el país.
Para Izquiel, la razón que impulsa tales actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado es la impunidad. “Casi la totalidad de esos homicidios queda sin ningún castigo por parte del Estado”, condenó.
La mayoría de las víctimas de las FAES fueron ejecutadas, indica la data de Monitor de Víctimas. Son 186 casos que representan 73 % del total de las muertes provocadas por este cuerpo policial. Otras 63 personas cayeron por resistencia la autoridad y hay siete cuyo móvil está por determinarse.
La diferencia entre una ejecución extrajudicial y la resistencia a la autoridad, es que en la primera, la víctima está desprovista de armas y en una actitud sumisa ante los uniformados, quienes suelen someterlas dentro de sus viviendas o en la vía pública. En el segunda caso, el caído trata de huir o dispara para enfrentarse a quienes le persiguen.
El criminalista coincidió en que los operativos de este grupo de seguridad continúan la tradición de las OLP y subrayó que en cada uno se hacen búsquedas de presuntos criminales a quienes se practica una especie de “juicio sumario”.
“Al policía se le da autorización para matar, él determina quién es o no culpable. Por eso a veces no hay una sola víctima, sino varias, porque en ese persecución de bandas armadas matan a los delincuentes y a quienes no lo son. Aquí en Venezuela no existe la pena de muerte”, recalcó.
Luego de Sucre, la parroquia Petare en el estado Miranda –escenario de la mayor matanza de las FAES– es la que registra mayor cantidad de víctimas en manos de este cuerpo de seguridad: 35 personas. Le sigue Antímano, donde hubo 5 homicidios múltiples y 27 muertos. Allí, más de la mitad de estos hechos (51 %) sucedieron dentro de viviendas.
Un peldaño más abajo está Coche, donde cayeron 25 víctimas. En la parroquia ocurrieron al menos dos masacres en septiembre de 2018 en las torres del urbanismo de Misión Vivienda Ciudad Tiuna, dentro del fuerte militar capitalino. San Juan es la quinta jurisdicción que tiene el mayor número de asesinatos del grupo de exterminio de la PNB: 18.
Todos estos crímenes sucedieron en zonas empobrecidas y urbanismos edificados por el gobierno y entregados a sus seguidores desposeídos. Se trata de barrios que las FAES acostumbra a tomar por completo desde la madrugada para hacer sus operativos, ingresar a la fuerza en las viviendas y establecer toques de queda: nadie entre y nadie sale mientras los policías están allí.
Con información de Runrunes.