El informe «Consecuencias y resultados de la represión» de la parlamentaria Amelia Belisario (MUD-Aragua) da cuenta de 78 muertes oficiales y 13 más aparecidas en medios, aunque no incluyó la de Jonathan Zarati en Caracas. El documento señala que el promedio de edad de las víctimas es de 27 años.
Por otro lado, el Día del Periodista fue altamente noticioso. Desde el asedio a la Asamblea Nacional con el intento de la Guardia Nacional de entrar con cajas selladas con logos del Consejo Nacional Electoral hasta un ataque al Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Interior y Justicia desde un helicóptero por parte de un piloto presuntamente desertor del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas pasando por las sentencias que removían del cargo al vicefiscal Rafael González y otorgaban competencias de presencia de la Defensoría a cada prueba y experticia hecha por el Ministerio Público en materia de derechos humanos. Pero además el presidente Nicolás Maduro reflejó en dos ocasiones que si la Revolución era derrotada, se recurriría a las armas de no conseguir los objetivos planteados con los votos.
En ese contexto, en Maracay se sucedían saqueos y disturbios que causaron al menos 68 locales saqueados en cinco municipios, con casi 700 detenidos, incluyendo 37 personas que protestaban, según cifras del Foro Penal, abogados privados y las declaraciones de la gobernadora encargada Caryl Bertho a Jorge Amorín en Venezolana de Televisión. Gonzalo Himiob del Foro Penal dijo que llamar al uso de armas tiene consecuencias: hubo cinco muertes más el miércoles 28 de junio en contexto de protestas y saqueos.
Los días siguientes han sido de declaraciones contra lo que han llamado «terrorismo» y «golpe militar» así como contra los llamados a impedir las elecciones del 30 de julio para la Asamblea Nacional Constituyente de parte de Jorge Rodríguez, el Defensor Tarek William Saab y el Contralor Manuel Galindo, las rectoras electorales Tibisay Lucena y Sandra Oblitas, el presidente del TSJ, Maikel Moreno y hasta el exfiscal Isaías Rodríguez. Esto también en rechazo de la rueda de prensa de la fiscal general Luisa Ortega Díaz que desconoció las sentencias del TSJ, juró defender la Constitución y declaró que hay «terrorismo de Estado» por las allanamientos masivos, el uso de tribunales militares y las incitaciones al odio.
Fuente: El Nacional
Fecha: 30 de junio de 2017