Un estudio de Cecodap señaló que 20 menores de edad perdieron la vida en las Operaciones de Liberación del Pueblo en Caracas, Miranda, Zulia, Monagas y Bolívar este año. En 2015 se reportaron 5 muertos.
El 15 de octubre el hijo de Gregoria Acosta, un joven de 17 años de edad, estaba reunido con un grupo de amigos en la plaza principal de la población de El Café, en el municipio Acevedo del estado Miranda. Ese día los vecinos habían organizado un bingo con la finalidad de recoger fondos para la celebración del santo Niño de Atoche, el próximo 25 de diciembre. A las 2:30 pm, la verbena fue interrumpida por un grupo de 15 miembros del Ejército. Los hombres avisaron que se trataba de un operativo especial y que necesitaban que colaboraran con la entrega de las cédulas.
El joven estaba sentado en la acera. Uno de los militares se le acercó y le dijo: “Párate y déjame revisarte”. Luego de la requisa le pidió su identificación y le exigió que lo acompañara. Lo montaron en un vehículo rústico junto a otros cinco jóvenes más y los llevaron al comando de El Café. Allí también habían trasladado a las 13 víctimas del caso que se ha conocido como la Masacre de Barlovento. “A mi hijo lo mantuvieron detenido durante dos días, lo obligaron a cortar el monte y en varias oportunidades le pegaron en la cara y en las piernas. Cuando él preguntaba por qué lo habían arrestado si era un hombre de trabajo porque me ayudaba a sembrar cacao, los funcionarios le decían que se callara, que estaban verificando sus datos, y una vez que terminara el proceso lo iban a liberar. Pasó dos días para que lo soltaran. En ese tiempo tuve que llevarle comida y los militares se burlaban de mí. Me decían: ‘Qué pasó, viejita, no nos vas a alimentar. Nosotros también comemos”, dijo la mujer.
Han pasado 55 días de la liberación de su hijo y Acosta todavía se pregunta: “¿Por qué los funcionarios actuaron de esa forma? ¿Por qué retuvieron a mi hijo y lo maltrataron durante dos días? ¿Qué pasó con el Estado de Derecho, con el trato que debe recibir un adolescente, que, además, no era un criminal?”.
Su hijo integra la lista de los 32 niños y adolescentes que han sido víctimas de los Operativos de Liberación del Pueblo desplegados durante 2016 en los estados Miranda, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Monagas y Zulia. De esa cantidad, al menos 20 menores de edad han perdido la vida en estos procedimientos, de acuerdo con el informe estadístico elaborado por Cecodap, basado en un arqueo de prensa. Esto representa un aumento de 300% respecto a 2015, cuando hubo 5 jóvenes fallecidos en estos procedimientos.
Golpe emocional. Júnior Meneses, de 16 años de edad, fue uno de los asesinados durante este último procedimiento en Barlovento. Sus familiares no han querido hablar de los detalles de su detención. Solo se conoce que es la “víctima número…”. Carlos Trapani, abogado de Cecodap, indicó que estos despliegues han generado un impacto emocional no solo en los jóvenes que han sido blanco de detenciones arbitrarias, sino también en aquellos que han sido testigos de homicidios. Por meses han arrastrado problemas de ansiedad. En algunos casos han manifestado sentimientos de culpa que se reflejan en su estado anímico: cabizbajos, retraídos. Otros han expresado rabia y odio hacia los funcionarios que los agredieron. “Si no se canaliza este sentimiento, podría devenir en conductas agresoras, signados por deseos de venganza”, explicó.
Las detenciones y homicidios contra estos jóvenes se llevaron a cabo al margen de la ley, según Trapani, quien agregó que según la Loppna, los menores de edad solo pueden permanecer privados de libertad cuando son capturados en flagrancia y por su incursión en delitos específicos como homicidios, lesiones graves, robo y hurto de vehículos, sicariato y terrorismo. “Con estos operativos en los que se usa la fuerza bruta, los jóvenes son puestos en situación de riesgo y no se miden las implicaciones”.
La psicóloga de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Diana González, acompañó a la familia de José Miguel González, joven asesinado dentro de su casa durante un procedimiento en La Vega. La víctima estaba durmiendo en su habitación. Fue sorprendido por una comisión del Cicpc que tumbó la puerta de su vivienda. Los agentes se dirigieron al dormitorio y le dispararon en la frente delante de sus dos hermanos de 9 y 4 años de edad. En este caso, según González, los pequeños que presenciaron el crimen pudieran convertirse en personas violentas que resuelven los conflictos con peleas y dejan de lado el diálogo.
“La (vida) familiar se alteró desde que ocurrió este episodio y afectó la relación entre padres e hijos que discuten con frecuencia. El pequeño de 4 años no puede ver a un funcionario porque entra en pánico, mientras que la niña de 9 años sufre de cuadros de ansiedad. Estos son los resultados de los despliegues en los que se pone de manifiesto el uso excesivo de la fuerza”, explicó la especialista.
Navidad sin casa
El 24 de julio de 2005 cerca de 1.500 funcionarios de la GNB desalojaron durante una OLP a 120 grupos familiares del barrio La Ensenada, localizado en los primeros kilómetros de la carretera Panamericana, para dar paso a la construcción del parque Hugo Chávez. Irene Meléndez, una de las víctimas, contó que en esa acción militar rompieron los juguetes y las camas de 300 niños. También patearon sus clósets.
Ha transcurrido año y medio desde ese episodio y las secuelas de los daños sufridos siguen en la memoria de los muchachos. “Mis nietos no pueden ver a un militar porque no paran de llorar, ellos corren, les tienen miedo. Cuando observan una cadena presidencial, preguntan: ‘¿Mami, por qué ese señor hizo eso?’. Hay un grupo de 16 niños que no tienen Navidad, ya que viven en un pequeño espacio habilitado en unos ranchos en la comunidad de San Diego de los Altos. Después de que lo tenían todo, perdieron hasta la ilusión de crecer en un ambiente sano”.
FUENTE: EL NACIONAL
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2016