Al menos 4.911 personas fueron asesinadas en los últimos siete años en la frontera entre Colombia y Venezuela donde se intensifica la guerra entre distintos grupos armados ilegales, según un informe publicado el lunes en Bogotá por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Según el estudio «Sin Dios ni Ley», que analizó el periodo comprendido entre 2012 y 2019; de los asesinados, 378 eran migrantes venezolanos y sus crímenes ocurrieron entre 2017 y 2019.
El informe señala además que «71 niños, niñas y adolescentes han sido vinculados a algún grupo armado ilegal, 71.561 personas han sido expulsadas forzosamente y 203 han sido secuestradas».
Frontera convulsa
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera terrestre de 2.219 kilómetros que abarca desde la zona desértica del norte de ambos países hasta las selvas del Orinoco y el Amazonas, en el sur.
Por esa frontera transitan contrabandistas de gasolina y mercancías, así como traficantes de drogas y armas, sin que las autoridades hayan podido controlar los pasos ilegales, situación que se agrava con la ruptura de relaciones diplomáticas ordenada hace casi un año por Nicolás Maduro.
El informe revela que en esa frontera operan 28 organizaciones armadas ilegales, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) quedó como el mayor grupo guerrillero de Colombia.
«Estructuras como las del ELN y los Grupos Armados PostFarc (GAPF) pueden identificarse a lo largo de los siete departamentos fronterizos, concentrándose especialmente en los de Norte de Santander, Arauca y Vichada», precisa el documento.
Terreno de bandas criminales
Entre la múltiple presencia criminal también hay 13 grupos de alcance regional como el Ejército Popular de Liberación (EPL), considerado por el Gobierno como una banda criminal, bandas criminales como Los Rastrojos o el Clan del Golfo, y disidentes de las FARC.
En la frontera se mueven además «14 organizaciones criminales de carácter transnacional como los pranes (líderes de bandas que operan desde cárceles venezolanas) y el Cartel de Sinaloa».
Un alerta similar dio el pasado 22 de enero la organización Human Rights Watch (HRW) al presentar en Bogotá un informe en el que aseguró que los habitantes de una amplia franja de la frontera entre Colombia y Venezuela se encuentran sometidos a un «feroz control» de grupos armados ilegales que operan con total «descaro» e impunidad.
Disputas
El informe de Pares también señala que hay territorios en disputa en una guerra abierta entre actores ilegales que generan violencia y desplazamiento de comunidades.
«Por ejemplo, una disputa de carácter regional que involucra al ELN y al EPL en Norte de Santander en dos zonas: el Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta», la capital regional, aunque en esta última «hay otros actores que intervienen», dice Pares.
La región del Catatumbo, una de las más convulsas de Colombia, está conformada por los municipios de Tibú, El Tarra, Sardinata, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Ocaña, Hacarí, La Playa, Ábrego y Bucarasica y en ella los grupos armados ilegales se disputan el territorio para controlar la cadena del narcotráfico.
Como muestra de su poder en la zona el ELN anunció en el Cataumbo que del 14 al 17 de este mes hará «paro armado» de 72 horas.
Con información de Tal Cual