Especialistas de la Unidad Democrática del Sector Educativo junto a profesores de educación media, diversificada y universitaria, presentaron ayer un informe ante la Comisión Permanente de Desarrollo y la Subcomisión de Educación de la AN, en el cual solicitaron declarar la “emergencia educativa humanitaria” en la que ya se encuentran.
Durante un foro realizado en la sede administrativa del Parlamento, los educadores expusieron la crisis de la enseñanza en las escuelas, el hambre que afecta tanto a alumnos como a docentes, la diáspora y la pérdida de la pedagogía.
Ofelia Rivera, representante de educación media y diversificada, dijo que en el país no hay estadísticas oficiales sobre la materia educativa, y en algunos datos oficiales que se ofrecen existen inconsistencias, como por ejemplo, en las cifras aportadas por el gobierno en torno a la cantidad de alumnos atendidos por el Programa de Alimentación Escolar.
Aseguró que 40% de los niños de la educación básica se encuentra en situación de hambre. “El programa de alimentación en las escuelas no cumple con las 2.000 calorías necesarias en la nutrición de un alumno. El problema del hambre afecta directamente el proceso de aprendizaje de los estudiantes, quienes son los más afectados, y ese es un daño irreparable que se verá a futuro”, indicó. Las últimas cifras ofrecidas por el gobierno en 2016 señalan que 4 millones de alumnos, de más de 7 millones en ese año, recibieron el servicio, lo cual dejó sin cobertura a 3 millones de estudiantes. La cantidad aumentó, según la docente.
Rivera alertó sobre el deterioro de la seguridad social del educador y la división que está causando la migración de los padres sin sus hijos o viceversa. Señaló que la educación en el país va en retroceso y que se necesitarían entre 15 y 20 años al menos para recuperarse. “Las familias se están desmembrando en Venezuela”, dijo Rivera.
Los otros problemas planteados ante los diputados de la comisión fueron la deserción, los bajos salarios de los docentes, las fallas en la infraestructura escolar, los servicios sociales para los estudiantes, el diseño curricular; la falta de seguridad social, la inseguridad y la persecución a los profesores.
Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Institutos de Educación Privada de Caracas, coincidió con Rivera y señaló que acudirán a las instancias internacionales. “Es momento de que la Unesco vea la crisis educativa que existe en Venezuela”.
Considera que el éxodo del personal ha afectado al sector educativo privado, e indicó que los docentes que han emigrado a otros países han logrado ingresar en sus áreas. Dijo que Colombia ya cubrió el déficit que tenía con los que han emigrado desde Venezuela. “Hemos logrado comunicación con el nuevo gobierno que asume este mes de agosto, para que nos facilite toda la información y la cifra de cuántos son los maestros que se han incorporado al sistema educativo de ese país. Igualmente, Ecuador y Chile han cubierto el número de educadores con los venezolanos”.
Los voceros reprocharon la entrega de “bonos de escolarización” a través de un instrumento como el carnet de la patria y afirmaron que la medida es discriminatoria y de proselitismo político.
El gremio afirma que el próximo año escolar 2018-2019 será complejo y a los estudiantes se les dificultará ir a estudiar por los altos costos de uniformes y útiles escolares.
En el foro, Keta Stephany, secretaria de información de la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela, manifestó que el salario de los docentes no cubre ni el equivalente al costo de la canasta básica y en nombre de todos los miembros de la organización que representa exige al gobierno que cumpla sus compromisos con el sector universitario.
Con Información de El Nacional.