El enorme éxodo laboral, la persecución política y los bajos salarios abatidos por la hiperinflación, son pruebas irrefutables del irrespeto y la destrucción de los puestos de trabajo debido a malas políticas económicas y laborales, que han ocasionado una estampida de personal en el sector público y privado.
Servando Carbone, directivo de la Unión Nacional de Trabajadores, aseguró que “solo en la administración pública ocurren diariamente entre 300 y 400 renuncias”.
Los sindicatos calculan que se han perdido 5 millones de empleos formales en el sector público y privado como consecuencia del éxodo de trabajadores y la caída del aparato productivo, por el cierre de empresas y comercios o su funcionamiento a media máquina.
Esta situación y el irrespeto a las libertades económicas, con persecución, expropiaciones y confiscaciones, además de la resistencia del gobierno a fijar el salario mínimo dentro del diálogo tripartito, llevó a Fedecámaras a introducir una queja en la OIT a través de la Asociación Internacional de Empleadores.
Se incorporaron reclamos sobre la violación oficialista de los derechos del empleo digno con salario decente, la libertad sindical y la no persecución por discriminación política.
Carbone resaltó que “de nada valdrá una posible negativa del gobierno a que la comisión de encuesta venga a Venezuela porque esa instancia puede citar a los actores laborales en una ciudad de los países fronterizos y elaborar el informe definitivo.
Con información de El Nacional