A Milagros Olivo se le veía cada lunes y sábado en la cola. Su terminal de número de cédula y su necesidad de abastecer la despensa de su cocina así lo determinaba. No siempre compraba todo lo que necesitaba, pero al menos llegaba a casa con un par de bolsas llenas. Su cita era siempre en las afueras del Abasto Bicentenario de la avenida Bolívar Norte. Pero ya lleva más de 3 meses sorteando la caída del inventario de alimentos del lugar que se calcula en 71,43%.
Solo hay detergente en polvo, champú y otros artículos de higiene personal en los almacenes del establecimiento. Desde el operativo denominado Ataque al Gorgojo efectuado el 15 de febrero solo en 3 oportunidades ha llegado cargamento de harina de maíz “Venezuela”. Todo lo demás que se ha exhibido en los anaqueles corresponde a transferencias de productos desde la sede de El Trigal que fue clausurada.
Antes del inicio de las investigaciones en esta empresa estatal se atendían en promedio hasta 7 mil clientes diarios solo en la avenida Bolívar. Ahora lo máximo que pueden comprar son 2 mil, detalló Leonel García, trabajador del lugar.
Crisis laboral
El 16 de febrero, por decreto nacional la vida de Joheny Oropeza y más de 100 de sus compañeros cambió. Se trata de la disposición presidencial 2245 que establece la reestructuración del ministerio de Alimentación, ente al que están adscritos los Abastos Bicentenario.
La nómina completa de 87 personas de El Trigal fue liquidada y el establecimiento clausurado. Actualmente se realizan labores de acondicionamiento del local que era alquilado para ser entregado a su propietario.
En la avenida Bolívar de Valencia ha sido diferente. 30 trabajadores han sido despedidos desde el 2 de mayo, entre los que está incluido Oropeza. “Pero la lista es de 153”. Cajeros, personal de carnicería, logística y variedades han sido afectados con la medida.
Oropeza pidió al ministro del Trabajo, Oswaldo Vera, que rectifique esa acción. “Nosotros somos trabajadores de base y no podemos quedarnos sin nuestro sustento de esa manera”. A ellos aún no se le ha cancelado lo correspondiente a su liquidación y se les mantienen las quincenas congeladas.
Como indica la ley, antes de los 15 días de los despidos fueron a la Inspectoría César “Pipo” Arteaga para solicitar el amparo respectivo. Pero la respuesta que recibieron es que están a la espera de órdenes desde Caracas. “Y eso no debe ser así. No es legal”, alertó el diputado del Consejo Legislativo de Carabobo y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Arvilio Hidalgo.
FUENTE: EL CARABOBEÑO