Van a dar vida, pero consiguen la muerte. Lágrimas de familiares pasan a ser de dolor, en esa data que se mantiene en 70 % de la mortalidad materna de Lara, en el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto desde 2018 a 2020, según el Laboratorio de Desarrollo Humano (Labeshu). Una radiografía que desnuda las dificultades de las embarazadas en su control prenatal y sin frenar a la hipertensión, como la principal causa de muerte en 44 % el año pasado. También afectan las condiciones en la sala de maternidad, desde la falta de insumos que retrasa el ingreso a pabellón, exigir la «colaboración» del kit quirúrgico y hasta de agua o cloro, para intentar la asepsia en aras de evitar infecciones en la paciente. Casos tan extremos, como la falla de electricidad, como la ocurrida el 1 de junio que obligó a intervenciones con las linternas de celulares y hasta falleció una parturienta adolescente por falta del electrocauterio.
De las 41 fallecidas en Lara en 2018, 29 corresponden al hospital. Al año siguiente, de las 37 que registró la región, 29 ocurrieron en ese centro de salud; mientras que en 2020 de 39 fallecidas, 27 eran pacientes del central. Jesús Mantilla, especialista en Salud y Demografía, explica que se trata del 121,3 % por cada 100 mil e implica un retroceso hacia 1957, cuando se ubicó en 118,6 por cada 100 mil. Les preocupa el alza de 59 % en víctimas en edad reproductiva de 20 a 34 años, quienes están atadas por la pobreza con un sueldo que no llega a los $4 y no alcanza para las vitaminas, hierro, calcio y menos para antihipertensivos que eviten la preeclampsia.
Todo un compendio que refleja la demora en el acceso a la atención unido al temor del contagio de Covid-19 y las limitaciones de movilidad en la pandemia. Según Magdymar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), 75 % de las embarazadas no le han garantizado el tratamiento antihipertensivo, además la falta de programas de planificación familiar con el apoyo consecuente con anticonceptivos y las fallas en la educación sexual, dejan 9 embarazos no planificados de cada 10 mujeres de sectores populares.
Mueve la fibra
Este 1 de junio ocurrió un caso dramático. Una adolescente de 15 años en trabajo de parto recorrió 25 kilómetros desde su casa en Río Claro hasta el Hospital de Barquisimeto. El trayecto le pareció interminable, a cuyo drama se unió el retraso al ingreso a pabellón y la falta de materiales que va desde los guantes hasta el kit médico, cuyo valor supera los $60. La joven presentaba atonía uterina que pasa a hemorragia severa. Se complicaba más y le realizaron la cesárea. No tuvieron el electrocauterio para sellar una arteria hipogástrica. Estaba conectaba a ventilación mecánica y con bombas de infusión, pero a las 4:50 am hubo una falla de electricidad. La planta del hospital no arrancó y terminó con respiración manual con Ambu. Falleció una hora después.
Fue tanta la indignación -comenta una fuente interna-, que el cuerpo de médicos adjuntos redactó una carta acerca de esta situación que obligó a las intervenciones a media luz, apoyados por las linternas de celulares. Para ese momento no tenían guantes, compresas, kit de laparotomía, sonda de alimentación número 8, alcohol, betadine, Cord Clamp, antibióticos, analgésicos y anestésicos como Lidocaína, Efedrina y Neostigmina.
René Rivas, presidente de Colegio de Médicos, denunció este hecho por la falla de los servicios y las condiciones limitadas en las que se encuentra este centro que atiende a parturientas de municipios foráneos e incluso de estados vecinos como Yaracuy y Portuguesa. Lamentó la falta de acondicionamiento de hospitales tipo I o ambulatorios para atender estas emergencias, además de la referencia de pacientes de la maternidad La Carucieña.
«Sin electrocauterio no había cómo cauterizarle la herida», rezongó el doctor Rivas, quien remarcó que es una realidad que se repite con la falta de medicamentos, insumos, déficit de enfermeras que supera el 65 % y demás fallas que prácticamente ubican un paro técnico. Mientras tanto, la directiva no escucha, ni presiona a las autoridades para el acondicionamiento técnico y físico.
Para recordar el derecho a la vida y a la salud, Luzmila Leal, coordinadora de Médicos Unidos en Lara, se refiere a ese aval desde la Constitución Nacional y a la calidad de vida. Se conmueve porque en varios casos, se trata de madres que dejan niños huérfanos y sin protección. Un área de ginecobstetricia sin los servicios básicos y que a falta de agua e insumos de limpieza conlleva al riesgo que la paciente se complique con alguna infección. Dicha área debe ser de impecable asepsia por seguridad.
Alarmante
La cifra de mortalidad materna en lo que va de 2021, según una fuente interna está en 8 parturientas hasta el 1 de junio. La causa principal sigue siendo la hipertensión arterial con 6 víctimas y las últimas 2 por la falta de electrocauterio, un aparato que permite sellar las arterias y ayuda a coagular durante las operaciones.
Al consultar sobre la necesidad de dicho aparato al doctor Ruy Medina, quien fue director del Hospital Antonio María Pineda, dice que «hemos retrocedido a 1965, cuando se hacía la incisión con varias pinzas y con la sutura se anudaba para ligar los vasos». Se sorprende y explica que así se amerita hasta un poco más de 30 minutos. El electrocauterio es más instantáneo, porque corta y cierra evitando complicaciones con hemorragias. Un factor de peso en la muerte de la menor.
También recordó el obligatorio mantenimiento de la planta auxiliar, para evitar que fallas eléctricas generen más riesgos en pacientes de emergencia, pabellón, cuidados intensivos, sala de parto y en ascensores. «Cuando ocurre un apagón, se enciende en automático porque la batería se dispara», advirtió.
Medina, quien también fue director regional de Salud, llamó la atención de instituciones como el Consejo Legislativo y demás funcionarios que se mantenían atentos para interpelaciones durante su gestión en este centro asistencial. «Están en la obligación de responder y decir qué están haciendo», refirió acerca del silencio de la directiva del hospital. De hecho, el equipo de LA PRENSA intentó comunicarse con el doctor Gilberto Mendoza, pero no atiende las llamadas telefónicas.
Exigen respeto al derecho sexual y reproductivo
Toda mujer tiene derecho a la vida sexual y reproductiva, así como decidir el momento para la maternidad, pero se le dificulta por la falta de programas que aseguren una atención prenatal adecuada. Así lo considera Yonaide Sánchez, coordinadora regional de la organización Transparencia Venezuela, acerca de esa garantía que debería apoyar el Estado.
Confirma la necesidad de políticas públicas con derechos efectivos y todas las condiciones en materia de maternidad. «No se respeta cuando se aprecia el estado de desmantelamiento del sistema hospitalario y hasta con obras sin construir», denuncia.
Califica la falta de acompañamiento entre la negligencia e incompetencia, resultado del abandono de responsabilidades. «¿Qué pasa con los niños huérfanos o aquel bebé que no nació vivo?», se pregunta ante la seguridad de vida para madre e hijo, con la debida atención desde el control mensual prenatal hasta la seguridad en el trabajo de parto. Un contraste que choca en el escenario de centros asistenciales con fallas en los servicios públicos, principalmente agua y hasta electricidad.
Como una improvisación, retrata la falta de políticas desde la cartera nacional ante el cambio constante de ministros y lo relaciona, como si se tratara de una «piñata» de funcionarios. Mientras tanto, la colectividad sigue a su suerte en los centros de salud, con deficiencia en camas operativas, debilidad en equipamiento y déficit de personal, que deja una carga asistencial en los pocos que se mantienen con los bajos sueldos.
Llama a ese primer derecho a la vida y a la protección de la mujer, para evitar más víctimas en las estadísticas de mortalidad materna. Mujeres que por la realidad socioeconómica no pueden cubrirse el control mensual y así prevenir complicaciones.
Bajo alcance de planificación
El alcance disminuyó con la pandemia y la orientación también quedó limitada. Un trabajo que resalta Azorenny Bracamonte, coordinadora de la Asociación Larense para la Planificación Familiar (Alaplaf), que continúan aplicando, pero con una disminución de frecuencia ante las dificultades de traslado y hasta el abordaje directo a más comunidades.
Continúan con 4 promotoras que permiten el contacto en las parroquias Unión, Ana Soto, Santa Rosa y Cabudare. Siguen atendiendo, pero relativo a las donaciones recibidas y se mantienen con más solicitudes del dispositivo intrauterino (DIU) de cobre por tener larga duración de protección, que llegan a alcanzar un promedio de 40 mensual. Son costos más accesibles que en centros privados que incluyen la consulta y aplicación.
Con información de La Prensa de Lara