Además del rechazo internacional, la asamblea nacional constituyente continúa sumando críticas por las sospechas de fraude con la que fue escogida. 70 Organizaciones no Gubernamentales exigieron ayer su inmediata suspensión.
En un comunicado conjunto que será enviado a las embajadas de los países con los que Venezuela mantiene relaciones diplomáticas, las ONG señalaron que las primeras acciones de la instancia dejan en evidencia que no existe ninguna intención de enmendar las violaciones que se han cometido en materia de derechos humanos.
“Estamos exigiendo que se refuerce el papel del sistema de protección internacional en derechos humanos y se permita la visita a relatores que defienden estas causas. El gobierno venezolano celebró que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA visitara a Milagros Sala, una dirigente política encarcelada en Argentina, y nosotros lamentamos que esa posibilidad no ocurra en el país”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, durante la lectura del documento.
En el texto también exigieron que no se criminalice a los ciudadanos que hacen valer sus derechos como la libertad a la reunión, manifestación y libertad de expresión.
“Estamos denunciando ante el mundo el uso de los tribunales militares para castigar a civiles. Nos preocupa la forma cómo se criminaliza a la disidencia y los defensores de los derechos humanos”, expresó Uzcátegui.
Las ONG también abordaron la escasez de alimentos y medicamentos, y pidieron a los cancilleres ejercer presión para que el gobierno lo reconozca y tome acciones para remediar esa situación. Además, solicitaron una revisión al tema de los venezolanos que han emigrado: “Estamos pidiendo a los cancilleres que incluyan en sus debates el abordaje de la crisis migratoria con estándares internacionales. La situación de la diáspora es parte de nuestra preocupación y pedimos que se evalúe la posibilidad del asilo o refugio para estas personas”.
También hicieron una mención especial al tema de las sanciones que algunas naciones han impuesto sobre funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y solicitaron que esas medidas no afecten al pueblo venezolano. “Estamos en contra de la imposición de sanciones multilaterales contra el país, que agraven la crisis. La experiencia histórica nos dice que estas sanciones no son eficaces para doblegar autoritarismos”.
Las organizaciones también reiteraron la exigencia de un cronograma electoral que establezca garantías con estándares internaciones. “Cualquier elección que se realice debe llevarse a cabo bajo los principios democráticos que la califiquen de transparente y justa, según los esquemas mundiales”.
Alfredo Romero, director del Foro Penal, también pidió a la oposición anunciarle al país cuál es la agenda a seguir para continuar presionando y que se atiendan las demandan que detonaron las manifestaciones.
La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, afirmó que las ONG desconocen a Tarek Wiliam Saab como fiscal y a Alfredo Ruiz como defensor del pueblo, nombrados por la ANC.
“Para nosotros la fiscal sigue siendo Luisa Ortega Díaz. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a no aceptar formalmente ese cambio”.
Fuente: El Nacional
Fecha: 08 de agosto de 2017