Con cartulinas, pitos y hasta altavoces en mano, decenas de manifestantes bloquearon este jueves, durante una hora y media, el tránsito en la esquina de Altagracia para protestar por las precarias condiciones en que se encuentran los centros de salud privados que reciben subsidios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
Son 72 clínicas a escala nacional, con un registro de 5.710 personas entre pacientes geriátricos, psiquiátricos, farmacodependientes, custodiables (personas con algún tipo de discapacidad) y con VIH que estarían en peligro inminente ante el cierre de los centros por falta de recursos.
“El lema del Seguro Social es agarren a sus viejitos y llévenselos para su casa, están mejor allá, sin darse cuenta de que se trata de pacientes que requieren una atención particular, con medicamentos y profesional especializado”, dijo Leonardo Martínez, director de la residencia geriátrica Clínica San Miguel, de El Paraíso.
Martínez explicó que en su centro, dedicado con exclusividad a pacientes del IVSS, necesitan entre 6.000 y 7.000 bolívares al día, como mínimo, para garantizar las 3 comidas y la merienda de los 50 ancianos allí hospitalizados. El Seguro Social solo les asigna 2.099,26 bolívares de subsidio diario: “Nos dijeron que si no podíamos que cerráramos y ya”.
Algunos de los que protestaban estaban desesperados y tristes. Se confesaron incapaces de resolver el problema de sus familiares. Como es el caso de Emely Mendible, cuyo padre vive desde hace cinco años en la Casa Hogar Galipán, en El Paraíso, o el de Yamilé Herrera, cuya mamá reside en la Clínica San Miguel, en la misma urbanización. Ninguna de las dos tiene un espacio propio ni dinero para costear la manutención de sus parientes.
Henry Morales la pasa peor. Su mamá, María Inés Pernía, de 81 años de edad y con esquizofrenia, requiere atención profesional especializada. “¿Qué hago con mi mamá? En lo que va de año la he cambiado de tres centros de atención porque todos han desmejorado y ella ha perdido 9 kilos de peso en los últimos meses. No es una viejita que cualquiera puede cuidar. Por su enfermedad intentó atacar a una sobrina. ¿Por qué los directivos del Seguro Social no ven nuestras necesidades?”, se preguntó llorando y avergonzado de sus lágrimas.
Indolencia oficial. Ni a él ni a Carolina Mendible, Zaida Carrillo, Sonya Ortiz, Luis Alberto Gómez, Margarita Ríos, José Borrego, Rafael Arturo o Patricia Núñez, entre muchos otros manifestantes, los escucharon aunque gritaran, patalearan, sonaran pitos o levantaran pancartas para llamar la atención del presidente del IVSS, Carlos Rotondaro.
“Mi hija tiene psicosis y una especie de retardo mental. Es una paciente custodiable de la Clínica Cayaurima de San Bernardino. Los hospitalizados allí no se valen por sí mismos. Debo trabajar por su sustento, pero tampoco la echaré a la calle. ¡Tendré que deambular con ella!”, afirmó Margarita Ríos, quien repetía para sí misma que nadie tenía la culpa de nacer con una enfermedad.
En la protesta también estuvieron 15 pacientes del Centro de Rehabilitación Tía Panchita de la Alta Florida, donde atienden a personas farmacodependientes. Uno de ellos, Rafael Rangel, lamentó el posible cierre del lugar en el que ha sido consciente de su enfermedad: “Esto es nefasto. Hay gente que quiere curarse y salir de la adicción”.
En eso saltó Patricia Núñez para clamar por su hijo Luis, de 18 años de edad, que llegó a vivir en la calle por problemas de drogas: “En Tía Panchita ha tenido un cambio grandioso en los últimos cinco meses. Tengo miedo de que recaiga”, dijo.
Hubo gritos y expresiones de indignación cuando se enteraron de que el responsable de la institución no estaba en el edificio y que la comisión integrada para hablar con él en su oficina, al parecer en el penthouse de la edificación, apenas llegó hasta la planta baja donde les pidieron que esperaran una semana más. Les prometieron que el jueves 25 de agosto un funcionario del Ministerio del Trabajo de apellido Vera los atenderá.
FUENTE: CON INFORMACIÓN DE EL NACIONAL