Juan Andrés Sosa Branger, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), aseguró el sector privado de la construcción del país sufre en la actualidad 75% de desempleo. »Se estima que el sector constructor emplea aproximadamente un millón y medio de personas y hemos perdido más de un millón cien mil empleos. ¿Cómo es posible que se haya contratado a una población extranjera y se haya permitido que se deteriorara el sector?», dijo.

Destacó que muchos empresarios del ramo se fueron del país porque el Estado venezolano impuso leyes punitivas que les señalaban de delincuentes y ahora Panamá, Costa Rica y República Dominicana se han beneficiado de esa mano de obra venezolana.

Aseguró que no se puede continuar desarrollando al país a través de un modelo denominado  capitalismo de Estado .

Explicó que el Estado venezolano se ha reservado todos los sectores productivos y ha dejado al constructor, sin espacio para la inversión en el país. »La ineficiencia del Estado en todos estos sectores las pagamos todos en el país, a través de alzas en los impuestos y alta inflación», manifestó.

Opinó que Caracas es una ciudad modelo, porque tiene un clima envidiable y que lamentablemente se ha ido desarrollando un sistemas de viviendas dentro de la urbe que no cumple con un debido ordenamiento urbano. Mostró como caso emblemático el hecho de que se hayan construido viviendas cercanas a la pista del Aeropuerto de Maiquetía.

Criticó además, que se han edificado desarrollos habitacionales sin estacionamientos y a la construcción privada se lo exigen, mientras el propio Estado no cumple las normativas.

«Lo más grave de que el Gobierno contratara a empresas extrajeras es que les pagó en más de 100 mil dólares la unidad de vivienda y al constructor venezolano le exigen vender cada solución habitacional a 60 mil bolívares el metro cuadrado, lo que corresponde aproximadamente a 100 dólares y además se le exige cumplir con todas las normas de urbanismo, para poder obtener el crédito de política habitacional», declaró.

Agenda legislativa

Reveló que la Cámara de la Construcción no ha sido invitada a participar en la reactivación de los motores económicos. Razón por la que anunció que están elaborando el documento que se llamará:  Agenda Legislativa , donde plantearán a todos los sectores del país que  es urgente que se aprueben planes de desarrollo urbanos. Se requiere activar al sector, se necesitan leyes, se requiere que las empresas que hacen los insumos básicos sean operadas por administraciones eficientes.

Contó que el caso del cemento a granel se paga a 700 bolívares el saco, mientras el rubro regulado está en 500 bolívares. Pero remarcó que los únicos sacos de cemento que son vendidos a los ciudadanos cuestan 6 mil bolívares y 7 mil bolívares.  ¿Quién se queda con esa diferencia? Los administradores se hacen ricos en una planta de cemento van por el camino de la quiebra , expresó.

FUENTE: NOTITARDE

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