El observatorio Kapé-kapé reportó en su boletín número 13 que en marzo se registraron 80 casos de malaria en la zona minera de Ikabarú, municipio Gran Sabana del estado Bolívar.
El brote mantiene las alarmas sanitarias encendidas en las comunidades indígenas de Hacha Merú, Hacha Ken, Wamewaken, San José de Wadamapa y Parkupik.
El informe arrojó que habitantes de estos sectores manifestaron la necesidad de atención médica y dotación de tratamiento para esta enfermedad, para la gripe, diarrea y vómitos.
En los sectores indígenas de la Gran Sabana existen tres ambulatorios, un Centro de Diagnóstico Integral y el hospital Rosario Vera Zurita.
“En estos centros de salud es una constante la falta de atención médica, ya sea por la escasez de medicina, insumos o personal médico”, indica la ONG mediante el boletín.
La calidad de la atención de profesionales de la salud va disminuyendo, mientras más alejada sea la comunidad, tanto que “más del 60% de las alertas procesadas en 2018 por el observatorio Kapé-kapé tienen que ver con la vulneración del derecho a la salud”.
Morbilidad de enfermedades prevenibles
“En las comunidades indígenas hoy más que nunca se evidencia una marcada morbilidad de enfermedades prevenibles como el sarampión, tuberculosis y malaria, infecciones respiratorias agudas, sobre un sustrato más preocupante en estas comunidades, como lo es la desnutrición aguda y crónica de muy alta prevalencia que hace que su impacto sobre la mortalidad sea mayor”, añade el documento.
Entretanto, cientos de personas, no solo pertenecientes a comunidades indígenas y del resto del estado Bolívar, sino de todo el país, siguen llegando a Brasil a través de la frontera con Santa Elena de Uairén para solicitar atención médica urgente.
Con información de El Pitazo