El representante del sector en la entidad insular afirmó que la construcción se encuentra bajo una recesión grave desde hace 5 años, a consecuencia de las políticas gubernamentales y la aprobación de “leyes impositivas” como la que regula la oferta inmobiliaria y la de inquilinato que, a su juicio, frenó de manera importante el desarrollo de viviendas en el sector privado.
“Las pocas obras que están trabajando son por compromisos crediticios, pero lo hacen a un ritmo sumamente bajo”, detalló.
Esta realidad motivó al gremio a hacer una declaración pública en la que exigió al Estado desistir del llamado a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y que permita que se resuelvan los conflictos sociales del país mediante un verdadero acuerdo nacional, a través de la convocatoria a elecciones libres y transparentes, apegadas a la Constitución, pues consideran que solo de esa forma podría haber una mejoría en todos los sectores.
Durante una rueda de prensa ofrecida este miércoles, Meleán leyó un comunicado en el que rechazan “los términos fraudulentos y antidemocráticos de la ANC”, por considerar que esta no resolverá los problemas del país y que solo profundizaría el modelo político, social y económico “que ha sido causante de la crisis que vivimos”.
El gremio también pidió respeto a la propiedad privada y resaltó que los saqueos, la destrucción y la anarquía solo incrementarían la crisis humanitaria en Venezuela. Además solicitó restituir el hilo constitucional y el cese de la descalificación a los opositores, “a quienes tildan de terroristas para justificar la represión”.
El sector también exigió al gobierno que se respeten los tratados que garantizan los derechos humanos, al tiempo que deploró la anarquía de los poderes públicos. De igual forma, demandó al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, que tomen medidas legales que impidan y sancionen los excesos de la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
Entre los considerando del comunicado del gremio destacan que “es público y notorio el debilitamiento de los mecanismos internos de control del Estado, la falta de equilibrio e independencia de los poderes públicos y el irrespeto de los derechos ciudadanos establecidos en la Constitución”.
Además, mencionan las restricciones impuestas a los ciudadanos para manifestar libremente, la expropiación de empresas, los despidos de trabajadores e incumplimiento de las contrataciones colectivas, el desconocimiento y las agresiones a los poderes constituidos (destacando el caso de la Asamblea Nacional), la creación de autoridades paralelas para neutralizar o anular las funciones de gobernaciones y alcaldías, el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, la pérdida de vidas humanas por parte de cuerpos armados regulares e irregulares y las continuas amenazas de Nicolás Maduro a la población venezolana.
Fuente: El Estímulo
Fecha: 13 de julio de 2017