«Los informes de Provea revelan que aunque todos los organismos hacen detenciones arbitrarias, dentro de los que cometen más está la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y dentro de esta, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)», indicó el abogado Alí Daniels
Las detenciones arbitrarias se han vuelto el plato principal que le dan las autoridades venezolanas a los ciudadanos. Recientemente la organización no gubernamental Foro Penal denunció que en Venezuela hay 370 presos políticos, 11 más que hace un mes, cuando la organización contabilizó 359, una cifra que fue ratificada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Durante el foro «Detenciones arbitrarias: Modus operandi del poder», realizado por TalCual este 4 de noviembre, la abogada y directora de Justicia y Proceso Venezuela, Theresly Malavé señaló que lo que ocurre con el derecho a la libertad en el país, es que cualquier funcionario se siente libre de coartar la libertad.
«Muchas personas nos preguntan que cómo hacen si un funcionario policial, le quita el teléfono al pasar por un alcabala. Aquí el problema es que el policía se siente en la potestad de llevarse detenido a la persona, porque encontró mensajes contra el Gobierno», ejemplificó Malavé.
En este sentido, Malavé destaca que el funcionario está incurriendo en violación de derechos humanos de esa persona a la que le están incautando su teléfono. «De los casos que hemos conocido en el ámbito militar son llamados a sus comandos, porque otros funcionarios aseguran que realizó algún comentario y deciden dejarlo detenido».
En este mismo sentido, Theresly Malavé asegura que en Venezuela «ha quedado a potestad del funcionario público coartar la libertad sin investigaciones previas».
«85% de las detenciones arbitrarias que se han estudiado son de carácter político», asegura la directora de Justicia y Proceso Venezuela, y destaca que la mayoría de las detenciones son arbitrarias e informa que actualmente hay en Venezuela 188 presos políticos; de los cuales 179 son hombres y nueve son mujeres.
El llamado de Theresly Malavé a estos organismos es a respetar la Constitución y la ley y les recuerda que para detener a cualquier persona es necesario una orden de captura o detenerlos en flagrancia.
Por su parte, el abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, explicó que la detención arbitraria no solo se limita a la privación de la libertad, pues asegura que también puede ocurrir en el supuesto de un juicio y aún después de presentarse en un tribunal. Asimismo reitera que «toda persona debe ser informada en el momento de la detención las razones de esta, así como debe permitirse la presencia de su abogado».
En referencia al informe que realizó la administración de Nicolás Maduro para «desmentir» el informe presentado por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, Daniels afirma que este documento lo que hizo fue «confirmar lo que dice el Informe de la ONU», pues señala que en Venezuela hay funcionarios que están condenados por violar los derechos humanos.
Detenciones arbitrarias desde 2001
El abogado Joel García aseguró que las detenciones arbitrarias se vienen suscitando en el país desde el año 2001. En este mismo sentido, Theresly Malavé, agregó que estas aprehensiones proliferaron desde 2014, pero tomando en cuanta que ya había casos como el de los funcionarios de la Policía Metropolitana.
«Las detenciones arbitrarias se incrementaron en 2014 y se empezó a ver en los tribunales que eso estaba pasando», afirma Malavé; mientras aclara que desde ese entonces y hasta la actualidad, «las personas ven con normalidad que haya detenciones sin órdenes o sin flagrancia».
Del mismo modo, García explicó que una vez que hay una detención arbitraria «se comete otra violación cuando se niega el derecho a la comunicación con la familia y los abogados de confianza» y resalta que una detención arbitraria «es una persecución al pensamiento diferente. Todo el que piense distinto es víctima de persecución: comunicadores, abogados, comunicadores», insiste.
A juicio del abogado, las primeras horas que el detenido pasa con los organismos de seguridad «son las más peligrosas porque está incomunicado y puede suceder cualquier cosa; al igual que el lapso de 45 días después de la detención».
Denunciar
Los tres especialistas coinciden en que lo más recomendable hacer en medio de una detención arbitraria es denunciar para hacer visible el caso. «Si no se hubiesen denunciado todos estos casos, la ONU no hubiese conocido lo que ocurre en Venezuela», indica Theresly Malavé.
Joel García también recomienda a todas las personas tener siempre un abogado de confianza que lo pueda asistir en caso de una detención arbitraria y notificarle con anterioridad para que en caso de que ocurra una detención o desaparición, este sepa cómo actuar y a dónde acudir.
Alí Daniels también condena que en Venezuela existan sitios clandestinos destinados a la tortura de personas y recuerda que existe vinculación entre las detenciones arbitrarias y las ejecuciones. «Los informes de Provea revelan que aunque todos los organismos cometen detenciones arbitrarias, dentro de los que cometen más está la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y dentro de esta, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)», indicó.
Con información de Tal Cual