La crisis sanitaria ha traído consecuencias irreversibles para los larenses. Solo en el último año han fallecido 86 pacientes renales debido a las fallas en el suministro de tratamiento dialítico, revela el reporte sobre la emergencia humanitaria compleja en esa entidad publicado este mes de noviembre.
El informe, elaborado por 14 instituciones y ONG defensoras de los derechos humanos, denuncia que el deterioro de los equipos de diálisis, la falta de insumos (como los filtros dializadores) y la interrupción del suministro regular de agua impidieron que estos pacientes recibieran el tratamiento adecuado.
La Fundación para los pacientes renales del estado Lara (Fundaprel) advierte que 80% de las personas con esta condición está en peligro de muerte debido al déficit de equipos, medicamentos y tratamientos.
La ONG también indica que las siete unidades de diálisis con las que cuenta el estado prestan una “atención deficitaria y riesgosa” y se encuentran un un “cierre técnico parcial”.
“En la entidad existen 1.250 personas censadas con esta condición, 45% de las cuales reside en municipios foráneos, a los cuales se les dificulta enormemente trasladarse a la ciudad capital para dializarse”, indica el informe, que detalla que a estos pacientes se les dificulta recibir las cuatro horas interdiarias de tratamiento que requieren.
En la entidad también se registró que cuatro pacientes trasplantados perdieron sus trasplantes de riñón debido a la falta de medicamentos inmunosupresores, fármacos que previenen que el organismo rechace el injerto. Esto obligó a las personas a regresar a las deterioradas unidades de diálisis.
Sin embargo, la crisis de salud no solo ha cobrado las vidas de los pacientes con condiciones renales. Fundaparkinson Lara reportó que 11 personas con mal de Parkinson en la entidad murieron entre enero y septiembre de 2018. La ONG denunció que los decesos están relacionados con la falta de medicamentos.
La Fundación Fudaconvive informó que 15 pacientes oncológicos murieron por falta de medicamentos y equipos para tratar su condición. Mientras que ONG contabilizaron las muertes de 85 personas portadoras del VIH por falta de tratamiento antirretroviral.
“Desde el cuarto trimestre de 2017 hasta la fecha se ha agravado la escasez de medicamentos para condiciones oncológicas suministrados por el Programa de Farmacia de Alto Costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En Lara existen 2.100 personas portadoras de VIH que requieren medicamentos a los cuales no han podido acceder desde fines 2017 porque no se consiguen en el país. Tampoco existen reactivos para Carga Viral, CD4-CD8, ni exámenes de rutina”, detalla el reporte.
Adicionalmente, las ONG e instituciones denuncian que el número de cirugías practicadas se redujo en 70% en la entidad y que más de 90% de los servicios de diagnóstico están inoperativos debido a la falta de reactivos.
“El empobrecimiento de personas afectadas por condiciones crónicas y sus familias se ha agudizado, pues se han visto obligadas a vender bienes y enseres familiares para costear exámenes y medicamentos que suplen apenas necesidades temporales”, advierte el documento.
El informe sobre la emergencia humanitaria compleja en el estado Lara contó con la participación de: Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Ucla; Fundaparkinson Lara; Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto; Conciencia por la Vida; Fundación RVH+Red Venezolana; Educadores con su Gente; Mapani Venezuela;
Médicos Unidos de Venezuela Capítulo Lara; Fundación Universitas; Comité de Derechos Humanos de Jubilados y Pensionados; Fraternidad Laical Dominicana; Transparencia Venezuela; Fundacovive y Fundaprel.
Con información de Efecto Cocuyo