Hoy se cumple un año desde que Luis Salas, entonces vicepresidente del Área Económica, presentó el primer decreto de estado de emergencia económica con la intención de garantizar el libre acceso a bienes, mitigar la inflación y el dólar paralelo, y recuperar el precio del petróleo.
Transcurrido el lapso de 60 días los objetivos no se lograron. Sin embargo, la normativa fue prorrogada 5 veces más, sin arrojar resultados distintos. Analistas coincidieron en que una de las mejores muestras de que las metas económicas no se alcanzaron se evidencia en la persistencia de las largas colas fuera de establecimientos para conseguir bienes básicos. “En lugar de haber una mejora, la situación está mil veces peor. Si el gobierno fuera coherente no seguiría extendiendo un decreto que no funciona y es inconstitucional”, afirmó la economista y profesora universitaria Sary Levy.
Cifras de la firma Econométrica indican que el desabastecimiento no se revirtió y que la meta de mitigar la inflación tampoco fue alcanzada. “Entre diciembre de 2015 e igual mes de 2016 la escasez llegó a 53%, la inflación pasó de 600%, la economía se contrajo 12% y el poder de compra cayó 25%”, dijo el analista financiero y director de la firma, Henkel García.
Los especialistas afirmaron que el decreto no ha funcionado porque el diagnóstico principal está errado. “Cuando el gobierno plantea que se deben tomar medidas para luchar contra una guerra económica asume que el problema es causado por otro y no revisa sus políticas, que son las causantes de este desastre”, aseveró Levy.
Lamentaron que el Ejecutivo continúe sin escuchar las recomendaciones que desde la academia y el sector privado se le han hecho, y adelantaron que si este año se continúa prorrogando el decreto de emergencia los resultados serán los mismos. Intención real. Levy y García aseguraron que lo que sí se logró con el decreto de emergencia económica fueron los objetivos políticos que contenía. “El gobierno quería mantener su discrecionalidad y esta normativa se lo permitió. Pudieron pedir créditos adicionales y endeudarse libremente, sin tener que pasar por la Asamblea Nacional”, refirió García.
“El objetivo principal era evadir a la Asamblea. Como la oposición se convirtió en mayoría en el Parlamento había una necesidad inmediata de tener una forma de evadirla. Además, lo decretaron para mantener la imagen de un gobernante que se considera por encima de todo lo demás. Un gobernante absoluto, un déspota”, dijo el politólogo Luis Salamanca. Recordó que amparado en el decreto el Ejecutivo aprobó un presupuesto, sin consultar al Parlamento, del que se sabe muy poco pues ni siquiera ha sido publicado en Gaceta Oficial. Otras medidas tomadas en el marco del decreto, sin consultar al Parlamento, fueron el ajuste de la unidad tributaria en 2016; el alza de la gasolina; la reactivación de acuerdos con empresas internacionales como Gold Reserve y el decreto de días no laborables por la crisis eléctrica.
Además, el gobierno usó la normativa para dejar sin efecto toda moción de censura que aprobara el Poder Legislativo; más recientemente estableció un límite en la cantidad de dinero que puede entrar y salir del país y ordenó sacar de circulación el billete de 100 bolívares en 72 horas, medida que luego se revirtió.
Inconstitucionalidad continuada
El abogado constitucionalista Gerardo Fernández reiteró que el decreto de estado de excepción y emergencia económica siempre ha estado al margen de la Constitución nacional. Recordó que la carta magna establece dos condiciones fundamentales para que se decrete: que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declare su legalidad y que sea aprobado por el Parlamento, y esto último nunca ocurrió.
Además, afirmó que la Constitución establece que la duración es de 60 días, prorrogable por un plazo igual. Y que la aprobación de la prórroga corresponde a la Asamblea. Sin embargo, aun sin el visto bueno del Poder Legislativo la normativa ha sido prorrogada cinco veces. “El decreto de emergencia es la evidencia de la inexistencia de la Constitución para el gobierno. Sus prórrogas son demostraciones fehacientes del fracaso que han tenido”, dijo.
Afirmó que el objetivo del gobierno era abusar del poder. “Lo que se buscaba era justificar las acciones totalitarias, no resolver el problema económico”. Añadió que aun con la aprobación de la Sala Constitucional, los decretos carecen de validez. “Con las sentencias de la Sala Constitucional del TSJ lo que se ha buscado es darle un manto de legitimidad al abuso del poder y la actuación totalitaria”.
Con Información de: El Nacional
Fecha: 15 de enero de 2017