Las constantes denuncias de violación de los derechos humanos en Venezuela han encendido las alarmas de la comunidad internacional. Gobiernos y organismos han mostrado reiteradamente su preocupación por el retroceso que se vive en esa materia y decidieron dar otro paso y exigir acciones penales contra los funcionarios responsables.
En su segundo informe sobre la situación en Venezuela, revela la falta de garantías elementales y la crisis institucional y alimentaria que padecen los venezolanos. Incluso, acusa al gobierno de Nicolás Maduro de ignorar la dimensión de la grave situación.
Representantes de ONG advierten que si bien 2018 aún no ha concluido, los primeros seis meses del año han sido los peores para el ejercicio y respeto de los derechos humanos en el país.
Coincidieron en que ha habido un retroceso notorio en materia de derechos humanos inducido por el Estado debido a la falta de independencia de los poderes, a la impunidad, la corrupción y la inacción ante los abusos que viven los ciudadanos diariamente, que van desde las carencias de los servicios básicos hasta ejecuciones extrajudiciales.
Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, indicó que las violaciones de los derechos elementales de los venezolanos “se han incrementado vertiginosamente” y, junto con la inacción y la impunidad del Estado, evidencian una regresión en esa materia.
“Los abusos contra los derechos humanos han tenido una faceta más cruel en los últimos seis meses, aprovechando la ausencia de democracia y la falta de institucionalidad. Esto demuestra que la situación no va a mejorar, como se evidencia con el incremento de la persecución y las violaciones de los derechos a la salud y a la participación ciudadana”, añadió.
“Desde hace algunos años hemos denunciado la violación de la libertad de expresión, la represión y la persecución. Sin embargo, en lo que va de 2018 ha habido un incremento de las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzosas, a lo que se suma la alarmante violación del derecho a la salud y a la alimentación. Es el peor momento de los derechos humanos.
Con información de El Nacional