El director de la Organización No Gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia, Alí Daniels, publicó un informe en el cual detalló la situación de derechos humanos del país durante el Estado de Alarma decretado por el régimen de Nicolás Maduro debido a la detección de casos de covid-19 en el país.
El defensor de derechos humanos criticó que dicho estado de alarma este lleno de “gravísimas arbitrariedades en el marco normativo”, donde detectó diversas violaciones a los derechos humanos.
El defensor de derechos humanos criticó que dicho estado de alarma este lleno de “gravísimas arbitrariedades en el marco normativo”, donde detectó diversas violaciones a los derechos humanos.
Daniels indicó que desde el anuncio del decreto “se ha mantenido la represión política previa”, al punto de haberse realizado, hasta la fecha, “20 detenciones por motivos políticos”, a lo que agregó que también “sigue el patrón de desapariciones y detenciones arbitrarias de familiares o relacionados con políticos perseguidos”.
“A las detenciones políticas se han agregado las de personal sanitario y periodistas por dar información sobre la mala situación del sistema de salud pública del país o por simplemente informar sobre casos de covid-19”, expresó.
Asimismo, indicó que, a pesar de ser el estado de alarma originado por una pandemia, “el racionamiento de combustible es tan arbitrario que se ha llegado a negar a médicos y enfermos crónicos”, a lo que agregaron que dicha medida también ha afectado a los productores agrícolas que “no pueden trasladar alimentos por no tener acceso al combustible”.
De la misma manera, mencionó la situación ocurrida en el estado Lara, donde un grupo de personas fueron puestas en cuarentena por ser sospechosas de portar el virus, sin proveerles de alimentos.
El representante de Acceso a la Justicia también rechazó la realización de pruebas de despistaje del virus a través del carnet de la patria, lo que calificó como “discriminatorio para la población del país que no posee dicho documento”.
Daniels advirtió que lamentablemente se están dando las condiciones para que el impacto de la enfermedad tenga consecuencias nefastas para la población.
Dos Estados de Excepción solapados
Por otro lado, el vocero de la ONG especificó que dicho estado de alarma es una de las cuatro modalidades señaladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) concernientes al estado de excepción.
“De acuerdo con el texto constitucional el estado de alarma supone que se ‘produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos y ciudadanas’ y tendrá una duración de 30 días prorrogables por otros 30”, explicó.
El defensor de derechos humanos manifestó que el caso venezolano en particular es atípico ya que encima del estado de excepción por la pandemia, existía otro estado de excepción bajo la modalidad de emergencia económica, desde enero de 2016.
Libertades restringidas
El representante del Observatorio Venezolano de Justicia rechazó que el estado de excepción decretado por la pandemia de coronavirus restrinja libertades como el libre tránsito, lo que incluye tanto la limitación personal como del tráfico aéreo, el ejercicio de actividades económicas; ejercicio de actividades económicas, quedando la mayoría suspendidas salvo las exceptuadas en el decreto; actividades educativas públicas y privadas, y la libertad personal para aquellas personas sujetas al régimen de cuarentena.
Libertades restringidas
El representante del Observatorio Venezolano de Justicia rechazó que el estado de excepción decretado por la pandemia de coronavirus restrinja libertades como el libre tránsito, lo que incluye tanto la limitación personal como del tráfico aéreo, el ejercicio de actividades económicas; ejercicio de actividades económicas, quedando la mayoría suspendidas salvo las exceptuadas en el decreto; actividades educativas públicas y privadas, y la libertad personal para aquellas personas sujetas al régimen de cuarentena.
Con información de Tal Cuál