Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentó una actualización de su informe –el cuarto documento producido por su oficina– en relación con la situación de Derechos Humanos en el país. En el mismo, la expresidenta de Chile señaló que la crisis se ha acentuado y que, con contadas excepciones, no se han implementado en general las recomendaciones que presentó en el informe del pasado 5 de julio.
Bachelet señaló señaló que “la situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente”, algo que –destaca el texto– ha restringido “los derechos económicos y sociales de millones de personas”. Alertó que esto pudiera representar “el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región”.
El documento destaca que los servicios públicos “han seguido presentando fallas graves y recurrentes, con especial intensidad en el estado Zulia. El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha agravado la situación”.
El informe señala que, según cifras de la ONU, la cantidad de emigrantes y refugiados venezolanos ya alcanza los 4,3 millones de personas e indica que, aunque han existido esfuerzos por parte de gobiernos en materia de recepción de migrantes, también se han registrado “brotes de xenofobia en países de la región”.
“Mi Oficina ha seguido documentando casos de personas migrantes víctimas de trata, particularmente mujeres, niñas y niños, con fines de explotación sexual, laboral y de reclutamiento para actividades ilícitas por parte del crimen organizado y de otros grupos armados.
Otro punto tocado por el informe fue el referente a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, organismo que según el informe de junio presuntamente era responsable de casos de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, motivo por el que Bachelet recomendó fuese disuelto, algo que indica no solo no ha ocurrido, sino que por el contrario el organismo ha recibido apoyo por parte el Gobierno.
Otro punto tocado por el informe es el referente al de los pueblos indígenas en suelo venezolano, cuya situación podría verse afectada por “el aumento de presencia militares en el territorio del pueblo indígena pemón, así como casos recientes recibidos de violencia”.
Con información de Crónica Uno