La protesta de académicos y organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como internacionales en contra del Arco Minero no aplacó el apuro de Nicolás Maduro en asignar los bloques del mega proyecto minero que amenaza con explotar los minerales de más de 110 mil kilómetros cuadrados en el estado Bolívar, al sur del país.
En menos de tres meses, la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza –una de las tres primeras compañías mixtas creadas en noviembre de 2016- recibió el permiso legal para la explotación de las azuladas piedras de coltán en Parguaza, en el extremo oeste del municipio Cedeño del estado Bolívar, saltando la revisión obligatoria de los contratos por parte de la Asamblea Nacional.
Esta es la primera empresa creada a propósito del Arco Minero en recibir el derecho de explotación de coltán, un mineral estratégico por sus altas concentraciones de tantalio (Ta) y niobio (Nb) o columbita, metales refractarios imprescindibles para la industria electrónica, militar y aeroespecial.
La luz verde, el último permiso que tenía pendiente la mixta Parguaza, llegó en el decreto N° 2.683 publicado en la Gaceta Oficial N° 41.078 del jueves 19 de enero de 2017. En el decreto presidencial, el Ejecutivo le transfiere a la compañía -creada entre la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y la Corporación Faoz, C.A.- el derecho a la explotación de coltán, ilmenita, casiterita, estaño, circón, cuarzo, granito, diamantes y oro, incluyendo su aprovechamiento, en el área previamente delimitada de 10.201 hectáreas de terreno en el municipio Cedeño.
Además de la cesión de los derechos de explotación, se transfirió la propiedad u otros derechos sobre los bienes muebles e inmuebles del dominio privado de la República existentes en el área delimitada, los cuales son requeridos para el aprovechamiento del coltán, indica el documento.
“La Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza, S.A. queda facultada para llevar a cabo las actividades requeridas con arreglo al principio del desarrollo sostenible, la conservación del ambiente y la ordenación del territorio, en los términos técnicos y económicos más convenientes para el aprovechamiento racional y sustentable del yacimiento”, indica el artículo 2.
Parguaza podrá desarrollar las actividades de explotación minera durante 20 años, contados a partir de la fecha de publicación del decreto, con la posibilidad abierta de solicitar prórrogas.
Entre las condiciones que establece el decreto, está que la empresa deberá conservar en buen estado las tierras y obras permanentes, incluyendo instalaciones, accesorios y equipos, así como cualquier otro bien adquirido para la explotación minera, “para ser entregados a la República Bolivariana de Venezuela, libres de gravámenes y sin indemnización alguna, al extinguirse por cualquier causa los derechos otorgados”.
La empresa deberá pagar una regalía de 6,5% sobre la producción de niobio y tantalio durante el periodo de operaciones y 2% del ingreso bruto resultados de las ventas producidas por concepto de ventajas especiales. Esta última cantidad será pagada de manera trimestral.
El decreto aclara que no se garantiza la existencia de niobio y tantalio, ni de ningún otro mineral en el área delimitada, ni se obliga al saneamiento. “La ejecución de las actividades primarias se efectuará a todo riesgo de quienes las realicen”, indica el decreto, una señal de los nulos estudios previos realizados por el Ejecutivo.
El tesoro del Bajo Parguaza
Aunque el Ejecutivo no ha hecho estudios geológicos detallados en el oeste del municipio Cedeño, la existencia de coltán, entre otros hallazgos minerales, fue comprobada en 2008 por el geólogo Noel Mariño, quien realizó estudios preliminares de prospección geológica junto a estudiantes del último semestre de Geología de la Universidad de Oriente (UDO) en el “área metalogénica El Burro-Agua Mena”, localizada en el Bajo Parguaza, a 100 kilómetros de la mina de bauxita de la estatal CVG Bauxilum, en Los Pijiguaos y a escasos seis kilómetros de la frontera con Colombia.
“Esta empresa seguro, seguro, va a conseguir Niobio, Tantalio y estaño. Lo van a conseguir, pero no se sabe la cantidad ni la factibilidad”, aseguró un investigador, que prefirió mantener su nombre en reserva.
La falta de datos que en cuestiones de inversión minera son imprescindibles, asegura, se debe a la falta de planificación gubernamental. “El Gobierno hizo las cosas al revés… y como a este gobierno no le gusta planificar, no entiende que para hacer un plan minero hay que hacer mucho trabajo previo”.
El experto estima que el trabajo de exploración podría demorar hasta un año y solo a partir de esa base, de ser positivos los hallazgos en cuanto a volúmenes y rentabilidad, será posible la explotación concreta.
“Para una explotación se requiere un plan de mina que no existe y un plan de minas se hace con base a una geología de exploración geoquímica, geofísica, geomatica, entre otras. Luego viene una fase de perforación para determinar el volumen del yacimiento y la rentabilidad, realizar el análisis, cuantificar las reservas y se hace un plan de minas”.
El investigador sostuvo que, ante la ausencia gubernamental, la explotación ilegal del mineral y la presencia de irregulares se ha intensificado en la zona de El Burro-Boquerones-El Gallito, al oeste de Bolívar, otro desafío para la recién instalada empresa mixta.
Fuente: La Patilla/ El Carabobeño
Fecha: 27 de enero de 2017