El integrante del comité de Derechos Humanos de la Confederación de Trabajadores de Venezuela Pedro Arturo Moreno, denunció que en lo que va de 2020 se han producido al menos 20 detenciones contra trabajadores y dirigentes sindicales, además de procesos judiciales contra más de 100 trabajadores que están sometidos a regímenes de presentación.
En ese sentido, Moreno alertó que existe una violación continuada de DDHH contra los sindicalistas, los que calificó como una «razzia». Enfatizó que uno de los casos más trascendentes al respecto es el que se lleva contra el secretario general de Ferrominera, Rubén González, quien tiene 15 meses detenido de una sentencia de 5 años de prisión impuesta por un tribunal militar.
Recordó que González tiene problemas de salud y que desde los tribunales no hacen caso a los llamados de la familia y los amigos para permitir que le den casa por cárcel, mientras subrayó que tanto la Organización Internacional del Trabajo, OIT, como la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, mencionaron este caso como emblemático de la violación del derecho sindical.
Otro de los casos que llaman la atención es el de Rodney Álvarez, quien lleva ocho años detenidos y se le acusa de un crimen sin que hasta los momentos se hayan mostrado evidencias de su culpabilidad.
Como los casos de Álvarez y González, Pedro Arturo Moreno refirió los casos de los dirigentes sindicales de empleados públicos del estado Sucre, Ramón Gómez, Carlos Ochoa y César Morales; los de Jesús Guevara y Edgar Torres, trabajadores de la siderúrgica de la planca Casima y detenidos por la Dgcim; el de Nelson Bustillos, Juan Medina y Freddy Reinosa, trabajadores de la refinería de Amuay y acusados de terrorismo y sabotaje por la falta de mantenimiento preventivo de esas plantas.
A su juicio, se está presentando en Venezuela una situación en donde la más leve protesta por parte de los trabajadores para exigir mejores reivindicaciones, son reprimidas por los cuerpos de seguridad del Estado y respaldados por el sistema de Justicia ya que las razones que los motivan a actuar son políticas y se les vulnera sus derechos.
Expresó su queja sobre la «obligatoriedad de crear milicias obreras para defender el proceso revolucionario. Los uniformes de trabajo son militares y el supuesto principal dirigente de la central oficialista de trabajadores es un teniente de la milicia».
Señaló que esto es contraproducente porque existen convenios internacionales que hablan de libertad sindical y cuando se «asigna» a una milicia, las normas militares se hacen presentes «y los dirigentes sindicales se deben a sus afiliados».
En cuanto a los problemas económicos, aseveró que los que más sufren son los trabajadores de la administración pública.
“Se está dando la apertura de una economía anarquizada. Una dolarización salvaje que ha permitido que los principales beneficiarios de esta política sean los importadores que va en detrimento de la producción nacional, de la creación de puestos de trabajo productivo y de los derechos laborales de los trabajadores”, añadió.
Con información de Tal Cual Digital