80% de los defensores de DDHH encuestados manifestaron “que no han podido presentar denuncias o realizar el seguimiento de casos ante instancias como el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, lo que demuestra un impedimento al acceso a la justicia”
Liliana Ortega directora de Cofavic, Miguel Martín Zumalacárregui representante de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y José Gregorio Guarenas, coordinador general de DDHH de la Vicaría de Caracas, dieron a conocer los hallazgos y cifras documentados en el «Informe Enemigos Internos: defender derechos humanos en Venezuela en el contexto de la pandemia de covid-19».
A pesar de que los defensores de derechos humanos admiten que fue difícil documentar el debilitamiento de las garantías para el trabajo de los defensores de DDHH en el año 2020, concluyen que «hay una política de Estado dirigida a cerrar el espacio civil democrático, apuntando a los defensores y organizaciones de derechos humanos como enemigos internos», expuso Liliana Ortega.
“Nuestras organizaciones han podido constatar el aumento de los ataques, habiéndose incrementado las cifras de ataques en contra de personas y organizaciones que defienden derechos humanos en más de 157% con respecto a las cifras de 2019”, reveló la directora de Cofavic.
Detalló que desde 2018 a 2020 se registraron 338 agresiones contra ONG defensoras de DDHH y sus integrantes; los cuales ocurrieron de la siguiente manera: 38 en el año 2018, 84 en 2019 y 216 en 2020, es decir, 64% de estos ataques ocurrieron el año pasado, especialmente durante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.
En este sentido, Miguel Martín Zumalacárregui representante de la Organización Mundial Contra la Tortura aseguró que «las cifras pueden ser más elevadas, que estos datos solo son la punta del iceberg».
El informe también reveló que el mayor protagonista de estas restricciones ha sido el funcionario público desde los más alto niveles. Los patrones contra las ONG en los últimos meses han sido afectación del derecho a la tutela, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales e incautación de suministros.
Por su parte, Miguel Martín Zumalacárregui aseguró que el patrón de persecución contra defensores de derechos humanos se incrementó en medio de la pandemia y busca frenar y callar las voces independientes. Del mismo modo, enfatizó que estas son «políticas de Estado que estigmatizan a quienes tienen un mensajes diferentes».
Para el representante de la Organización Mundial Contra la Tortura, el caso de los cinco trabajadores de Azul Positivo es el más reciente ejemplo de los ataques que aplica el Estado venezolano, para quienes pide libertad plena lo más pronto posible. A su juicio, «la situación no hace más que agravarse en Venezuela».
Liliana Ortega considera que en Venezuela ninguna organización ni ningún defensor está «blindado» contra las agresiones del Estado; por lo que le solicita a la comunidad internacional «tomar muy en serio estos ataques porque siempre hay líneas rojas qué cruzar».
Igualmente, el informe sobre la situación de los derechos humanos encontró que 80% de las personas defensoras de derechos humanos encuestadas manifestaron “que no han podido presentar denuncias o realizar el seguimiento de casos ante instancias como el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, lo que demuestra un impedimento al acceso a la justicia”.
Sobre la visita de Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, José Gregorio Guarenas dijo que les preocupa y llama la atención porque «echamos de menos que hay una serie de relatores que han pedido visitar Venezuela y no han podido. Esas son nuestras exigencias, que se puedan supervisar las denuncias», enfatizó.
Con información de Tal Cual