Cambiar las máquinas cosechadoras, importar nuevos tractores y ampliar el uso de tecnología para los estudios climáticos y de suelo son tres de las medidas que hacen falta para levantar la producción agrícola venezolana. La recuperación del sector puede darse en un lapso corto con ayuda de la tecnología, pero al igual que en el resto de la economía hay que hacer una inversión robusta en dólares y ajustar el marco de seguridad jurídica.

Efecto Cocuyo

“Hemos calculado que se necesitan 12.000 millones de dólares de inversión agrícola para los próximos 4 o 5 años. Esto nos ayudaría a volver a niveles importantes de producción, pero es algo que no pueden hacer los productores solos a pulmón propio” explicó Werner Gutiérrez, ingeniero agrónomo y profesor titular de la Universidad del Zulia (LUZ), en entrevista telefónica para Efecto Cocuyo.

Los cálculos de los ingenieros agrónomos apuntan a que se necesitan alrededor de 50.000 nuevos tractores y cambiar la mayoría de las cosechadoras del país. Esto porque cerca de 80% de estas máquinas cuentan con varias décadas de funcionamiento y ya están listas para ser sustituidas por modelos más eficientes.

La utilización de los drones para cuidar los cultivos y el asesoramiento técnico de suelo es parte de los servicios que ya prestan en Venezuela un par de empresas. Sin embargo, cancelar el costo de 7 dólares por hectárea por el acompañamiento técnico no es una opción para buena parte de los pequeños productores, que todavía se mantienen en pie en el país.

Señales positivas
A lo interno del sector agrícola llevan varios meses viendo señales positivas con una mayor disponibilidad de fertilizantes y el regreso de las semillas de calidad, pero todavía son opciones que no pueden pagar todos los productores.

“Es cierto que aumentó la importación de agroquímicos y de fertilizantes y ahora hay más empresas. Pero los productores no pueden seguir estando solos, así va a ser muy difícil que los pequeños productores puedan pagar los insumos” argumentó Saúl Elías López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines (Sviaa), para Efecto Cocuyo.

En la medida en que el mercado agrícola vuelve a surtirse con fertilizantes y semillas se notan más las brechas, entre los grandes productores, las asociaciones organizadas y aquellos pequeños agroproductores que trabajan como pueden. El acceso al crédito y la disponibilidad de recursos marcan las distancias entre cada grupo, aunque todos buscan por igual levantar la producción agrícola.

“Algunas asociaciones recibieron financiamiento en Petro, eso fue notorio y público, pero la mayoría no ha logrado integrarse a ese proceso. Necesitamos que pueda fortalecerse el financiamiento, por ejemplo, con las compras de cosechas a futuro” apuntó Gutiérrez, quien trabaja también como asesor de varias organizaciones que operan en el mercado agrícola y ganadero.

La reactivación de la cartera agrícola de la banca, tanto pública como privada, y un mayor impulso de la Bolsa Agrícola de Venezuela (Bolpriaven) pueden ser ayudas fundamentales para conseguir que se inyecten recursos frescos al sector agrícola y se comiencen a ver resultados que apunten a una mayor producción nacional.

Mayores garantías de seguridad
La inyección de capital, sin embargo, tampoco es todo lo que se necesita. Mantener una política de respeto estricto a la propiedad privada y reforzar la seguridad de las zonas productoras son otros de los puntos que siguen pendiente, antes de volver a hablar de una recuperación de la agricultura nacional.

“Venezuela debe dirigirse hacia la construcción y consolidación de un Estado de derecho pleno (…) que dé sustento a la propiedad privada de la tierra y de los bienes de producción” advirtió la investigación “Agronegocios en Venezuela”, publicada esta semana por el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice).

Los productores demandan más garantías de que sus cosechas no serán tomadas de forma imprevista por grupos armados o que no tendrán que lidiar con expropiaciones estatales. Estas protecciones no son solo un apoyo gubernamental básico en una nueva fase de recuperación económica, sino que son una garantía que también necesitan los inversionistas interesados en apoyar a los agroproductores nacionales. Una mayor seguridad jurídica, al final, también es un eje clave para que el país vuelva a levantar la producción en el agro y en el resto de los sectores.

Con información de Efecto Cocuyo

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