Dubraska Rojas es una docente que ya no puede ir una vez a la semana al Mercal que está cerca de su casa. Desde abril el consejo comunal del edificio donde vive le dice cuándo puede acudir a ese establecimiento.
Esta maestra que tiene dos hijos y reside en Caricuao pudo adquirir el día que le tocó un kilo de leche en polvo, un kilo de arroz y otro de pasta, una mantequilla y jugos. Su expectativa era llevarse algo más de cada rubro y conseguir otros productos como pollo y huevos, pero esa fue la oferta del Mercal. Para ella el mercado fue insuficiente.
Tras el nuevo sistema, comentó que “las ventas tiene que ser más frecuentes. No puede ser que cada 25 días se nos permita comprar los productos y que vendan poco de cada artículo. Comprar una vez al mes es imposible y más cuando se tienen hijos”.
La restricción que enfrenta Dubraska se debe que el Gobierno revisa el esquema de distribución de alimentos a través Mercal y en esa reorganización condiciona el acceso. A los locales que están operativos ahora se puede acudir una vez al mes cuando lo decida el consejo comunal y adquirir un kilo o un paquete de cada producto. Un trabajador de la red que pidió mantener su nombre en reserva contó que “las personas ya no pueden venir directamente. Aquí pasan si vienen con el consejo comunal”.
El procedimiento
En febrero, Nicolás Maduro anunció la restructuración de las redes de distribución de la Misión Alimentación (Abastos Bicentenarios, Mercal y Pdval) bajo el argumento de combatir la corrupción, el bachaqueo y que el Gobierno “no debe tener grandes supermercados”, y en ese marco, decidió que Mercal y Pdval tienen que trabajar con las comunidades.
En línea con los cambios, lanzó los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para “la distribución casa por casa” de productos regulados, y en marzo los consejos comunales empezaron a repartir planillas a los habitantes de las comunidades para asignar bolsas de comidas. En esos formatos se solicitan los datos personales: nombres, dirección, tipo de vivienda, trabajo, número de personas que habitan en la casa, ingresos por persona y participación comunitaria. Luego que se da la información, los miembros del poder popular tienen que contactar a las redes de distribución y posteriormente llevar las bolsas a cada familia por un costo de 1.200 bolívares.
Adicional a las bolsas de comida, que no llegan con regularidad a todas comunidades, los consejos comunales también organizan las idas a los Mercales, y para ello elaboran listas que se envían a los administradores de los establecimientos que posteriormente notifican cuándo deben acudir las familias. Cada vecino recibe un ticket un día antes de la compra.
Por esta nueva modalidad, a los Mercales solamente van los residentes de las zonas donde están ubicados. Por ejemplo, los locales de San Martín tienen que ser visitados por los habitantes de la parroquia, si alguien que vive en La Candelaria quiere comprar en uno de esos comercios, lo rebotan.
Anteriormente, los ciudadanos podían comprar en cualquier establecimiento de Mercal los productos básicos según el número de cédula de identidad, y además someterse a horas de cola.
En un recorrido realizado por medio de comunicación nacional a los establecimientos en Caracas se evidenció que varios ya venden productos a las familias que llevan los consejos comunales y otros están cerrados a la espera de que se inicie el nuevo sistema. Por los momentos, los comercios ubicados en El Valle son los únicos que ofrecen productos de acuerdo con el número de cédula, aunque a las personas les asignan números para ir y esa entrega de tickets no la hace el local, sino personas de la comunidad.
César Henríquez es un comerciante que reside en San Martín que luego de comprar en el Mercal comentó que apenas le vendieron un kilo de leche en polvo, un kilo de pasta y otro de harina de trigo. “El consejo comunal me trajo, pero no conseguí todo lo que necesitaba, porque busco comida para mi casa y la de mi mamá”.
No llenó la planilla entregada por el consejo comunal, pero igual fue beneficiado del ticket para ir al local. “Los del consejo comunal son mis vecinos y decidieron no dejar a mi familia por fuera”.
César aceptó el ticket de compra de Mercal, porque semanalmente recorre los supermercados y no encuentra los artículos básicos. “El Gobierno está jugando con la dignidad de la gente. Esto no puede seguir así”.
¿Por qué las medidas?
El Ejecutivo nacional regula las ventas en Mercal cuando hay una mayor demanda.
La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) elaborada por la UCV, USB y UCAB reveló que en 2014 dos millones de personas fueron beneficiarias de las redes gubernamentales de alimentos, en 2015 la cifra subió a 6,5 millones.
Ese crecimiento se debe a que más familias buscan productos subsidiados por el deterioro de los salarios. El estudio mostró que para 87% de los venezolanos los ingresos son insuficientes para comprar comida.
Pero al crearse bolsas de productos y regularse las visitas, el Gobierno deja al descubierto que ya no tiene suficientes productos que ofertar y quiere ocultar las kilométricas colas. De hecho, al espaciarse las ventas son menos las personas que se atienden y quienes van apenas se llevan un paquete de cada artículo.
El sociólogo y profesor, Luis Pedro España, señaló que ese sistema evidencia que no hay suficientes rubros para distribuir a través de las redes gubernamentales y apuntó que “aunque por medio de las ventas de bolsas se trata de llegar a otros sitios, los mecanismos de venta al detal son más complicados”.
El economista, Asdrúbal Oliveros, añadió que esa medida “lo que está diciendo es que se están importando menos productos”. Un reporte del Bank of America mostró que las compras de Venezuela a los principales socios comerciales tuvieron un recorte de 41% a febrero.
Ya las autoridades han señalado que habrá un recorte de 40% en las importaciones, lo que agudizará la escasez.
¿Qué pasó con el programa bandera?
En 2003 arrancó el programa bandera Mercal. En aquel momento, Hugo Chávez llegó a señalar que “se creaba un nuevo paradigma”, porque se iba a abastecer de alimentos baratos a 30% de la población y atender un millón de personas por día, porque los establecimientos estaban en capacidad de vender 12.000 kilos de alimentos diarios.
Pero las metas ambiciosas no se alcanzaron. Si bien por un tiempo fue el plan con más penetración, luego se desinfló. Los problemas de planificación y corrupción impactaron en la gestión.
El año pasado 68% de los establecimientos de la red Mercal no estaban operativos. De los 11.473 locales que tiene ese programa, 7.864 estaban inactivos, de manera que prestaron servicio al público 3.609 puntos, según los datos del Ministerio de Alimentación en la Memoria y Cuenta del 2015. Las cifras muestran que el grueso de los puntos cerrados fueron mercales comunales, abastos móviles y abastos tipo II.
Este año los problemas han seguido. En Caracas gran parte de los locales atienden con restricciones, pero en zonas de Aragua, Cojedes, Miranda, Yaracuy y Zulia los comercios están cerrados.
A este se suma que la distribución de alimentos en Mercal ha bajado. En 2015 se despacharon 835.864 toneladas de alimentos, 37% menos que en 2014 cuando se colocaron 1,2 millones de toneladas. Gran parte de los artículos que se comercian son importados, y el volumen no es como en otros años.
Luis Pedro España agregó que “las redes gubernamentales son deficientes y Mercal cada vez está más reducido”.
Los problemas también se repiten en los Abastos Bicentenarios, que según Maduro, “se pudrieron”.
En esos establecimientos la distribución bajó 6,1% el pasado año, y ese comportamiento sigue. Representantes del sindicato de Abastos Bicentenarios indicaron que los comercios de Palo Verde y Parque Central están cerrados al igual que otros ubicados en Bolívar, Portuguesa y Zulia. Y comentaron que no hay suficientes productos para abastecer.
La reestructuración anunciada por Nicolás Maduro la desconocen los trabajadores. En febrero el Gobierno realizó la “operación gorgojo” en la que fueron detenidos más de 50 funcionarios por irregularidades en la venta y la distribución, pero los empleados aseguraron que la realidad es que los locales están crisis y los cambios no se detallan.
“Esa reestructuración no ha sido explicada, lo que hay son cierres, empleados afectados y menos productos que ofrecer”, apuntó un trabajador que pidió mantener su nombre en reserva.
César Henríquez se molesta por las restricciones, y al igual que Dubraska Rojas, aseveró que “no es posible que se tenga que esperar para adquirir los productos que necesitamos”.
FUENTE: CRÓNICA UNO