Más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil venezolana han condenado el arresto de 5 trabajadores humanitarios de la organización Azul Positivo, que se dedica a atender pacientes de sida y a proveer de ayuda a personas sin recursos.
En los últimos meses, activistas han notado un aumento en los ataques del gobierno de Nicolás Maduro hacia organizaciones no gubernamentales. Era de esperar que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresara su preocupación por estos arrestos y que se haya unido a la protesta otras organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
La organización Azul Positivo está en el estado occidental de Zulia, y su trabajo fundamental es la atención de pacientes seropositivos. Sus 16 años de experiencia humanitaria han llevado a Azul Positivo a trabajar con ACNUR, OCHA y otros organismos internacionales dedicados a atender la emergencia humanitaria compleja en Venezuela.
A finales del 2020, el gobierno venezolano cerró las cuentas de la organización Alimenta la Solidaridad, que se dedica a abastecer de alimentos a cientos de comedores comunitarios en todo el país. Para las ONG en Venezuela estos ataque tienen bases políticas y ponen en peligro el trabajo humanitario en momentos cuando el país más lo necesita.
DW habló con Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, sobre las intenciones puede haber detrás de la persecución del gobierno contra organizaciones dedicadas a coordinar la ayuda humanitaria en el país.
DW: ¿De qué se le acusa a Azul Positivo y por qué fueron apresados cinco de sus miembros?
Alí Daniels: A los miembros de la organización Azul Positivo, que es una organización humanitaria del estado Zulia, se le acusa de tres delitos: legitimación de capitales, uso fraudulento de tarjetas inteligentes con tarjetas de pago y asociación para delinquir. El origen de estas acusaciones es un programa que lleva a cabo esta organización con fondos de la cooperación internacional luego de un estudio socioeconómico, y que beneficia a familias de zonas populares del estado Zulia con tarjetas prepagadas con las cuales pueden comprar alimentos de la cesta básica en locales comerciales de la zona.
¿Qué argumenta el Estado para justificar el arresto?
El Estado argumenta que tiene obligaciones, tanto de derecho interno como de derecho internacional, de investigar el uso de divisas en el país para evitar que haya legitimación de capitales. Ese es el argumento fundamental de la Fiscalía y del gobierno en este caso.
¿Cuál ha sido la reacción de las demás organizaciones de la sociedad civil ante estos hechos?
La reacción de las organizaciones de la Sociedad Civil ha sido de mucha preocupación, porque este programa que lleva a cabo Azul Positivo en Zulia es uno de las decenas de programas que se llevan a cabo con cooperación internacional, y cuando digo cooperación internacional digo organizaciones reputadas, muy serias, como las agencias de Naciones Unidas, ACNUR, ONU SIDA.
Eso pone de manifiesto que si Azul Positivo está siendo perseguida, el resto de las ONG que tienen programas idénticos en otras partes del país corren también el riesgo de ser acusadas de lo mismo. Por eso existe una enorme preocupación, porque los perjudicados no van a ser solamente las organizaciones sino, sobre todo, quienes reciben estos beneficios, que además implican unos montos muy pequeños, estamos hablando de 10, 20 dólares semanales. Aún así esos montos son infinitamente superiores al valor de una bolsa de comida del gobierno.
Creo que de allí comienza la sospecha del gobierno de no permitir un beneficio superior al que ellos están proporcionando en este momento, quizá eso sea parte de las razones de la persecución. Independientemente de la cantidad de dinero que se otorgue, son montos muy limitados, porque para lo que tiene que alcanzar es para los alimentos de la cesta básica, no se trata de grandes erogaciones, sino de pequeñísimos montos, pero que dan alimentos a muchísimas familias en el país.
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Con información de DW