Aunque cada nuevo impuesto o incremento debe aplicarse al inicio de cada período fiscal, las autoridades de la alcaldía de Maracaibo comenzaron a cobrarlo desde el 1º de noviembre.
La alcaldía de Maracaibo aprobó una ordenanza que aumenta la carga tributaria a 43% de las empresas de la capital del estado Zulia. La medida incrementó entre 100% y 300% las alícuotas que deben pagar los empresarios, dependiendo del tipo de negocio. Este ajuste del impuesto sobre actividades económicas ocurre en un momento en el que el sector empresarial se ha reducido y ha tenido que despedir personal debido a la crisis económica agravada por las implicaciones de la pandemia del coronavirus y de la cuarentena impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro para tratar de frenar su propagación.
La Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM) denuncia que la alcaldía empezó a cobrar el aumento a partir del 1º de noviembre, cuando la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que cualquier impuesto nuevo que se apruebe o ajuste deberá aplicarse a partir del 1º de enero del siguiente año, de acuerdo con el gremio. «El aumento de las alícuotas a 43% de los aforos (el tipo de negocio) lo empezaron a aplicar desde el 1º de noviembre a pesar de que la ley dice que debe ser a partir el 1º de enero. Enviamos una carta explicando que legalmente no se puede aplicar la ordenanza desde el 1º de noviembre», asegura el ingeniero Ezio Angelini, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo.
«Estamos en desacuerdo con la aplicación de esta ordenanza. Con esta medida, botamos un año de reuniones y encuentros con las autoridades, con el consejo municipal y con la alcaldía. Estamos haciendo sacrificios enormes para mantener las santamarías arriba y los puestos de trabajo. Somos los que estamos generando trabajo y bien remunerado, porque pagamos hasta 30 veces mas que el salario mínimo».
La medida aumentó un 100% las alícuotas que deben pagar los sectores artículos ortopédicos, la industria de la construcción, la distribución de electricidad, los servicios de estacionamiento vehicular en centros comerciales y judicial, y distribución de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en envases o empaques retornables o biodegradables, a excepción de jugos de frutas y vegetales.
Ajustó un 150% el porcentaje que deben honrar la industria de sal y de azúcar, papelón, condimentos y vinagre, los servicios de telecomunicaciones, artículos religiosos, librerías y servicios por honorarios profesionales. Subió un 200% en los sectores transporte terrestre de pasajeros, transporte de personal, transporte urbano inscrito en el Instituto Municipal de Transporte, gasolineras, funerarias y capillas velatorias, y reproducciones fotostáticas, heliografías y afines.
La ordenanza también subió un 300% el impuesto sobre actividades económicas en los sectores venta de alimentos y bebidas y en los pequeños comercios.
El dirigente gremial denuncia también que el impuesto de inmuebles urbanos, que tiene que pagarse anualmente, lo están cobrando de manera mensual. Los centros comerciales de la ciudad entregan hasta 50% de su facturación solamente en el pago del derecho de frente. Hoy día, los comercios que están abiertos, que no facturan ni 2.000 dólares al mes por la crisis, han pagado hasta 400 dólares en impuestos y servicios básicos que ellos mismos tienen que proveerse por la ineficiencia de la prestación de las empresas estatales.
Las empresas marabinas gastan mensualmente entre 300 y 400 dólares en el transporte de sus trabajadores y en el combustible revendido en el mercado negro para las unidades debido a que el transporte público prácticamente no existe en la ciudad. Muchos negocios también gastan entre 100 y 150 dólares en el mantenimiento de las plantas eléctricas que se han visto obligados a usar como consecuencia del colapso eléctrico que sufre muy especialmente el estado.
Además, la crisis del servicio de agua potable ha obligado a las empresas a pagar 20 dólares por cada camión cisterna de 10.000 litros, aún más en este contexto de pandemia que exige el lavado frecuente de manos. Es por esta razón que Angelini sostiene que los empresarios atraviesan una «tormenta perfecta».
«La gran cantidad de empresas se están informalizando. La grave crisis que enfrentamos no la generó la covid-19, lo que hizo fue incrementarla muchísimo. Tenemos siete años en una crisis económica producto de las malas políticas económicas. ¿Cuántas empresas más se tienen que informalizar para entender esto? Otras se han tenido que obligatoriamente adaptar a los cambios, aplicando el teletrabajo y el delivery para poder sobrevivir», dice el máximo representante del sector comercio en Maracaibo.
De acuerdo con la cámara, desde marzo se han perdido más de 83.000 puestos de trabajo y 25% de las empresas cerraron, de las cuales estiman que un 40% todavía no han abierto. No saben cuántas abrirán y cuántas no.
Angelini asegura que la flexibilización de la cuarentena no es suficiente. Indica que también se necesita una disciplina fiscal, sincerar la economía y reducir el encaje legal para obtener financiamiento. «Si aquí no hay un cambio de política económica, un giro de 180 grados, la economía no se recuperará».
Angelini propone recuperar las mesas de trabajo con las autoridades para que los representantes gremiales puedan mostrar a los organismos públicos los costos operativos de las empresas y explicar la situación. Exige también que el Estado haga también sacrificios. «Nos vamos a reunir con quienes nos tengamos que reunir en pro de los comerciantes. No nos estamos negando a pagar impuestos y servicios públicos, pero que sea acorde con lo que nosotros facturamos», agrega el presidente de la CCM.
Con información de Tal Cual