Las alcaldías se declaran en emergencia para el pago del tercer aumento salarial decretado por Nicolás Maduro en 2016.
La alcaldesa de San Cristóbal, Patricia de Ceballos, indicó que se preparan para acudir a la Vicepresidencia de la República, a finales de agosto, con el fin de presionar por el pago de los recursos que les adeudan.
Señaló que hace unos meses fueron al despacho de Aristóbulo Istúriz, donde los recibió el director general, pero esta vez aspiran a reunirse con el vicepresidente. Ceballos explicó que la deuda del gobierno con San Cristóbal es de 313 millones de bolívares, sin incluir los costos del nuevo aumento.
«Es imposible que podamos cubrir el nuevo salario integral, estamos casi en un cierre técnico. Pagamos el bono de alimentación de 18.000 bolívares con parte de un crédito adicional del gobierno: se necesitaban 170 millones de bolívares y el gobierno envió 42 millones de bolívares. La diferencia se cubrió con la recaudación que debió emplearse en obras para la ciudad», afirmó.
La Alcaldía de San Cristóbal tiene 2.000 empleados y un presupuesto de 4,5 millardos de bolívares para 2016. Patricia de Ceballos refirió que reciben 300 millones de bolívares por el situado constitucional, con lo que pagan un tercio de la nómina; en tanto, 4 millardos se obtienen por recaudación.
«El gobierno pretende dividirnos ante la lucha que damos por el revocatorio para el cambio político del país», indicó la alcaldesa.
El alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, dijo que el gobierno entrega los recursos a las regiones de forma discrecional, puesto que tras el decreto de estado de excepción y emergencia económica, no informa a la Asamblea Nacional. Aseguró que en el caso de Lara, «no hay retrasos con las alcaldías pesuvistas».
Acotó que con el nuevo aumento salarial, el déficit de la alcaldía, con una nómina de 5.500 empleados, asciende a 2,2 millardos de bolívares.
«Hemos recurrido a recursos propios para poder cubrir los aumentos anteriores y esto nos está dejando secos: del ajuste anunciado en mayo, solo enviaron 235 de los 445 millones de bolívares requeridos», señaló.
Exigió que la Asamblea Nacional apruebe la Ley de Hacienda Pública Estadal establecida en las disposiciones transitorias de la Constitución de 1999, para atender el drama que viven las regiones.
Protestas. El alcalde de El Hatillo, David Smolansky, informó que los alcaldes no descartan comenzar protestas, debido al estrangulamiento financiero al que son sometidos los municipios. «La persecución a las alcaldías se evidencia en las investigaciones abiertas por la Contraloría
Fiscalía a 30 alcaldes de la Unidad y la creación de estructuras paralelas, como las comunas, a las que se les asignan grandes recursos».
«Con este nuevo aumento, más lo que ya nos debían, el gobierno pasa a deberle a El Hatillo 528 millones de bolívares», explicó. Destacó que la deuda representa más del 30% del presupuesto de este año para el municipio (con 750 empleados), que es de 1,7 millardos de bolívares.
El director de la Alcaldía de El Hatillo, Jordy Moncada, mencionó que con los recursos que tienen solo pueden honrar en septiembre el incremento salarial de mayo de este año: «Todas las alcaldías están en cierre técnico y la situación será más crítica si se decreta otro aumento». Recordó que también deben cancelar los aumentos al personal docente.
Smolansky agregó que, desde 2013, Maduro ha subido el salario 13 veces. Señaló que los decretos salariales son infructuosos, mientras no se controle la inflación. Esta semana, la alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo, señaló que el déficit presupuestario del municipio es de 4,5 millardos de bolívares y que el gobierno trata de asfixiar a las alcaldías con medidas que no cumplen.
«Seguimos esperando que nos entreguen los recursos de los dos aumentos salariales anteriores. ¿Cómo pretenden que les respondamos a nuestros trabajadores? «, se preguntó Trejo.
FUENTE: EL NACIONAL
19 DE AGOSTO 2016