Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son el blanco de un ataque sistemático por parte del gobierno de Nicolás Maduro que no oculta que las considera una piedra en el zapato. El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, en entrevista con TalCual, subraya que el gobierno invierte el principio constitucional de la presunción de inocencia al aplicar la Ley contra el Terrorismo y pedir la data de estas organizaciones, pero además se pretende poner en riesgo y estigmatizar a los beneficiarios de los programas.
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) venezolanas son el blanco de un ataque sistemático por parte del gobierno de Nicolás Maduro que no oculta que las percibe como una piedra en el zapato.
Con múltiples frentes para la persecución, el más reciente es la «Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo», mediante la cual el gobierno busca hacerse con información de las ONG y con información confidencial de los beneficiarios de los programas que son atendidos, según estas organizaciones, en medio del desamparo del Estado en varios aspectos, entre ellos, los derechos humanos, la salud y la educación.
Para el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, está claro que el objetivo del gobierno no es simplemente obtener información, por cuanto maneja el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), pero si arreciar su patrón de acoso con el objetivo de ilegalizar a las organizaciones de la sociedad civil.
En entrevista para TalCual, Daniels apunta que el gobierno revolucionario es diestro en el empleo pernicioso de las listas, con lo cual no habría ninguna garantía para los beneficiarios de las ONG. De allí que para estas organizaciones no hay nada que las haga cambiar su negativa a entregar información a los funcionarios de Maduro.
¿Cuál es el alcance esta normativa nueva del gobierno para el registro unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo?
– El origen de esta providencia administrativa, que tiene fecha el 30 de marzo, pero no fue publicada hasta el 10 de abril, es la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Lucha contra el Terrorismo de 2012. En la ley se dice que se tiene que hacer un registro sobre los sujetos obligados, y esto incluye a las ONG, pero no se había hecho ninguna acción sobre este registro hasta ahora. La ley no decía nada de cómo se tenía que conformar el registro, ni cuáles eran los requisitos, ni que información iban a pedir.
– ¿Según la providencia qué información deben consignar?
De acuerdo con esta providencia, firmada por un general de Brigada (Randy Gregorio Rodríguez Espinoza), que es el jefe de la Oficina Antiterrorismo, todas las ONG están obligadas a consignar el acta constitutiva y con señalamiento de los miembros de la organización, quiénes son los donantes de esa organización y, lo más grave y lo más peligroso, quiénes son los beneficiarios de las actividades de estas organizaciones. Allí está el peligro, la alerta porque el público en general podría pensar que eso solo puede afectar a Provea y otras organizaciones que denuncian las torturas, pero eso tiene un espectro más amplio.
Si usted tiene un programa de ayuda a las mujeres que han sufrido violencia, donde la confidencialidad es un factor no clave, sino esencial, básico, bueno usted está obligado a dar el nombre de estas mujeres, poniéndolas en peligro. Si usted tiene un programa para atender a las personas, darles retrovirales, con VIH, usted tiene que dar el nombre de esas personas. El peligro es que quieren convertir a las ONG en una especie de patriotas cooperantes.
Pero ustedes han anunciado que no entregarán la información y que no detendrán su trabajo
-No nos vamos a prestar. Con toda la información que piden quieren estar actuando invirtiendo el principio constitucional de la presunción de inocencia, es decir, son las organizaciones las que tienen que demostrar que no están limpiando capitales, que no son terroristas, cuando el derecho humano fundamental, que está en la declaración universal y en nuestra Constitución, señala que el Estado que tiene sospecha fundada, debe demostrarlo. Allí vemos que se vulneran los derechos de las víctimas, sino también de las propias organizaciones al considerarse de inicio que somos violadores de la Ley de Legitimación de Capitales y de la Ley Contra el Terrorismo. El gobierno quiere la data, la información de las ONG para criminalizarlas, pero los criminales son otros.
¿Aparte de poner en peligro a los beneficiarios, entregar una lista con sus datos, significaría una revictimización?
-Claro, sí. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un programa de dar comida en los barrios, imaginaste que le da la lista al gobierno de quienes son los beneficiarios. Si algo nos ha enseñado este gobierno es lo que puede hacer con una lista, esa lista si se entrega al gobierno, puede llegar hasta los representantes de una junta comunal, esas personas pueden ser estigmatizadas que es otra característica que es normal en este gobierno. Entonces pueden ser revictimizadas, ya sufren hambre, ya eso las hace víctimas y, además van a ser señaladas como aquellas personas que reciben la ayuda del imperio y pueden servir para agredir a las comunidades. Les van a decir: ‘Aja, estos son los que reciben la comida y ustedes no la reciben. Entonces, es una información que puede tener un uso sumamente perverso en perjuicio de quienes ya son víctimas del Estado.
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Con información de Tal Cual