La crisis sanitaria vulnera la salud mental y no solo ensombrece la atención en los hospitales públicos, también empaña a los servicios privados, centros especializados en la atención de pacientes con trastornos agudos de pánico, bipolaridad y esquizofrenia, cuyos regentes se saben sumidos en un cuadro administrativo complicado que, a corto plazo, se torna irreversible.
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Wadalberto Rodríguez, presidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, asevera que las clínicas enfrentan situaciones muy difíciles, pues advierte que la falla de ansiolíticos ronda el 90%. «Solo disponemos de un antidepresivo, que es sertralina. Y de mitazapina, que se consigue con intermitencia».
En el Área Metropolitana y Miranda existen 71 geriátricos y casas de reposo neutralizadas por la inflación y la incapacidad para sostenerse, de las cuales 50 son recintos privados dedicados al cuidado de adultos mayores y enfermos psicóticos. De ese universo de centros particulares, 21 están situados en Libertador, 14 en Baruta y otros 15 recintos se reparten entre Sucre, Chacao y Altos Mirandinos, precisa el directorio de entidades presentado en septiembre por Convite, una organización que promueve los derechos humanos.
Gabriela Herrera dice ser testigo y protagonista del drama. Cuenta que hasta hace un mes tuvo a su hermano recluido en el Centro Santa Inés de Santa Rosalía, una casa de atención mental donde permaneció durante 18 meses, y que, a su juicio, pasó de ser una necesidad a un lujo. «Tuvimos que retirarlo a pesar de su progreso. No tenemos para pagar casi 400 mil bolívares mensuales», dice y advierte que solo en esa institución han sido retiradas siete personas en un lapso de 9 meses. Convite agrega que 85% de los recintos reporta dificultades para hallar fármacos, razón por la que los familiares deben asumir el costo de los tratamientos. La coyuntura pesa sobre al menos cinco mil pacientes, según cifras extraoficiales.
En Caracas, el costo diario de una residencia de atención psiquiátrica de mediana capacidad oscila entre 19 y más de 28 mil bolívares. Para algunos regentes, que prefirieron no identificarse, se trata de un monto conservador en una economía cuya inflación acumulada alcanzó 249% los primeros siete meses del año y podría cerrar en más de 1.400%, según datos de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.
Alexis Camacho, padre de un joven de 28 años con trastornos obsesivos, atendido en un centro de San Bernardino, precisa que en algunos casos el incremento de las clínicas supera el 300%. Aduce que los cuatro incrementos salariales y del bono de alimentación han triplicado los costos. Y denuncia que en las farmacias del Seguro Social no se encuentran las medicinas. En muchos casos deben pagarlas al equivalente en dólares.
La situación los coloca en una disyuntiva radical: llevárselos a casa o asumir todo el peso de la inflación. «Es muy duro porque no tenemos las herramientas para atenderlos en casa», señala Rosanna Mejías. Los recintos que reciben subvenciones piden al IVSS ajustar el precio cama/día por paciente. En la casa Mano de Dios aseguran que el subsidio no llega a 10 mil.
Fuente: El Universal
Fecha: 02 de octubre de 2017