El abogado Alí Daniels consideró preocupante que Miraflores se prepare para regular las redes sociales, porque incomunicaría a la oposición como hizo el régimen militar de Myanmar con el bloqueo del acceso de la población a Facebook. Sobre el caso de dos locutores venezolanos que tildaron de estafador al presentador Dave Capella, fallecido por Covid-19, aclaró que estos incurrieron en difamación que es un delito de acción privada, no pública.
Caracas. El abogado Alí Daniels advirtió que tanto el inicio de la persecución penal por parte del Ministerio Público contra dos locutores venezolanos, como el anuncio de una normativa para regular el uso de las redes sociales en Venezuela por parte de Miraflores, vendrían a clausurar definitivamente el derecho a la libertad de expresión en el país.
Daniels, quien es director de la ONG Acceso a la Justicia, dedicada al monitoreo del sistema de justicia venezolano, explicó que en el caso de los locutores Jean Mary Curro y Alex Goncálvez, estos incurrieron en un delito privado, donde el Ministerio Público no tendría que inmiscuirse.
Como se recordará, Curro y Goncálvez acusaron publicamente de estafador al presentador de Venevisión Dave Capella luego de que este abriera una cuenta de recolección de fondos. Capella y sus padres contrajeron Covid-19 y requerían dinero para sufragar los gastos médicos. La madre se recuperó pero el 22 de marzo falleció el padre, Ulises Capella, y el 28 de marzo murió Dave.
“El tema es que la difamación, que es el delito más grave que se cometió aquí porque ellos calificaron a Capella de estafador, es un delito de acción privada en el que solo cabe la vía penal si los que tienen la legitimidad para ello lo presentan ante un tribunal. Es decir, los padres, la esposa o los hijos. Pero que el Ministerio Público diga que se hizo un ‘mal uso de las redes sociales’, bueno, eso no está tipificado como delito en ninguna ley de la República”, señaló.
No obstante, no descartó que Tarek William Saab, titular del Ministerio Público, se escude en la denominada Ley contra el Odio, que aprobó en 2017 la Asamblea Constituyente, calificada de ilegítima por la Unión Europea y la OEA.
“Seguramente, se irán por la llamada Ley del Odio, pero ese es un instrumento que nosotros no reconocemos como fuente legítima de derecho por su origen”, indicó.
Daniels cuestionó, por otra parte, que el Ministerio Público muestre una celeridad a toda prueba “cuando se trata de situaciones mediáticas o la defensa de la flora y la fauna”, pero no actúe con la misma diligencia cuando lo que está en juego es la vida de seres humanos, como ocurrió con el caso del indígena pemón, Salvador Franco, fallecido en prisión por falta de atención médica.
“Llama mucho la atención el tiempo de respuesta del Ministerio Público para rescatar una mascota, pero cuando se trata de un indígena entonces la actuación no se produjo nunca. Con este caso de Capella se está utilizando una situación, efectivamente, lamentable para decir que hay que regular. Eso es lo más triste: que este caso sea utilizado para poner otra cortapisa contra las redes sociales que es la última ventana de libertad que queda en el país”, alertó.
Acotó que el hecho de que dos personas “hayan cometido un exceso en un post en Instagram” no puede ser considerado como elemento suficiente para calificarlos de peligro social.
“El hecho de que el Ministerio Público gaste tiempo y recursos que no tiene en personas que no viven en Venezuela, que están fuera del alcance del Ministerio Público y cuya peligrosidad social es ínfima en comparación con alias el Coqui o lo que pasa en el estado Apure, pone de manifiesto que esto no es más que una utilización mediática de una situación infortunada”, enfatizó el abogado.
El 7 de enero de este año, las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram bloquearon las cuentas del que muchos consideran el hombre más poderoso del mundo: el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, para ese entonces el señor Donald Trump. La decisión del conglomerado propiedad de Mark Zuckenberg se tomó por considerar que varios de los mensajes posteados por Trump constituían delito, incitaban a la violencia y transgredían sus políticas de uso. A pesar de las críticas a la decisión, ni Trump ni ningún poder público o institución de ese país ordenó bloquear el acceso de los estadounidenses a esas redes sociales.
Menos de un mes más tarde, el 4 de febrero, el Ejército de Myanmar (que 72 horas antes había dado un golpe de Estado) ordenó a los operadores de servicios móviles e Internet en ese país bloquear el acceso a la red social Facebook, en un intento de cortar la comunicación de los opositores al golpe, quienes usaban ese medio para convocar protestas. Para el 25 de febrero, Facebook anunció que bloqueaba, aunque de manera tardía, todas las cuentas del Ejército y la Fuerza Armada de Myanmar por considerar que difundían mensajes de incitación al odio y la violencia.
Este martes 30 de marzo, el ministro de Comunicación de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez, anunció que presentaría ante la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2020, un proyecto de ley para regular las redes sociales. Tal fue la reacción de Miraflores a la decisión adoptada por Facebook el fin de semana pasado de bloquear por 30 días la cuenta de Nicolás Maduro, luego de este difundiera un video promocionando un medicamento contra el coronavirus que carece de suficiente respaldo científico y no ha sido autorizado por la OMS.
“En Venezuela hay instituciones y leyes que no pueden ser violadas por los contratos que haga una empresa”, dijo Ñañez y agregó que la nueva ley buscaría “blindar” la libertad de expresión de Maduro y de sus seguidores que tras el bloqueo temporal han sido privados de “información veraz”.
A juicio de Alí Daniels, los casos de Myanmar y Estados Unidos vienen como anillo al dedo para explicar con ejemplos atados a los hechos cómo funcionan las democracias y las autocracias frente al derecho a la libertad de expresión. Agrega que el caso de Myanmar podría constituir un espejo para Venezuela si avanza la discusión de la referida normativa.
“Lo que nos preocupa de este anuncio de una nueva ley para las redes sociales es que como el Gobierno no tiene control sobre las políticas de seguridad de Twitter, Facebook o Instagram se tomen medidas más drásticas como las que se han tomado en Myanmar o en China de bloquear el acceso a la red completa, bloquear el dominio”, señaló.
Sostuvo que una medida de tal alcance sería “peligrosa” porque, de acuerdo al formato aplicado en Myanmar, se podría usar para evitar que la oposición se comunique entre sí.
“Miremos el ejemplo de lo que hicieron ya con DirecTv que fue ordenarles poco a poco ir sacando canales de la parrilla. Aquí podrían decir ‘bloqueo Facebook por una semana’ para empezar. Bueno, sería peligroso, sentaría un precedente grave y le quitaría el derecho a la gente a acceder a mucha información que hoy solo pueden ver en Facebook por el progresivo cierre de medios de comunicación tradicionales”, dijo.
Un par de datos como contexto del impacto que podría tener un bloqueo de Facebook: de acuerdo con el informe Digital 2021 elaborado por We Are Social y HootSuite, que mide la penetración y uso de Internet y las redes sociales en todo el mundo, de los 28 millones de habitantes que hay en Venezuela actualmente, 20,57 millones usa Internet (72 % de la población). Facebook es el octavo sitio con más visitas diarias en el país. 13 millones de personas (59,3 % de la población mayor de 13 años) usa esta plataforma en Venezuela: 86,6 % se conecta desde su celular y 13.4 % desde las computadoras de escritorio o portátiles. Todo pese a la baja conectividad y velocidad de navegación del país.
A lo largo de los últimos años, las encuestas han ido mostrando que el principal medio de información de los venezolanos es Facebook, pues por esa vía los medios digitales comparten sus publicaciones y los usuarios, a su vez, leen y replican dichas informaciones.
Al respecto, Daniels señala: “Si decidieran, por ejemplo, bloquear el acceso a Facebook, la mayor parte de la población quedaría en un black out informativo. Twitter bloqueó nada más y nada menos que a Donald Trump y en Estados Unidos a nadie se le ocurrió bloquear o cerrar Twitter. Ahí se ve la diferencia entre lo que es democracia y lo que no lo es. Nadie en el aparato estatal hizo algo contra la red social. Hubo quejas, debate y críticas, pero no actuaron contra el medio porque se entiende que el derecho a la libre expresión es superior”.
Con información de Crónica Uno