Varios han sido los cruces de palabras que Maduro ha sostenido con aquellos que no lo reconocerán como mandatario para un nuevo periodo presidencial (2019-2025).
El más reciente con el Grupo de Lima, integrado por 14 países que en una declaración conjunta, a excepción de México, manifestaron su rechazo e instaron al gobernante a no tomar posesión presidencial y respetar las atribuciones de la Asamblea Nacional.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, instaron al mandatario venezolano a que no asuma la presidencia el próximo 10 de enero, por considerar que el proceso electoral del 20 de mayo de 2018 “carece de legitimidad”.
Esa postura evidencia además la gran preocupación de esos países ante una crisis política, social y humanitaria que ha generado el éxodo de más de 2.5 millones de venezolanos.
Según el internacionalista Miguel Andrés Fierro, la decisión del bloque significa que “le suprime legitimidad frente a sus vecinos, y demás países asociados del hemisferio, lo que además podría llevar a que tomen medidas como el retiro de sus embajadas y consulados”.
Ante la petición, Maduro inició una contienda de acusaciones a varios gobernantes de planear un atentado golpista, como el gobierno en Colombia de Iván Duque al que tildó de “impopular” y llamó “pelele” de Estados Unidos.
El mandatario venezolano advirtió que su gobierno dará respuesta “recíproca y oportuna” a los países e instituciones que no reconozcan su nuevo mandato de 6 años por el que será investido ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y aseguró que cuenta con el respaldo de la mayoría de los gobiernos del mundo.
Y mientras Maduro se cobija en la Asamblea Constituyente, las Fuerzas Armadas, que prometieron lealtad absoluta para su nuevo gobierno o los chavistas dispuestos a defenderlo con el “fusil en la mano”, EE.UU. ha seguido emitiendo medidas contra el presidente y sus funcionarios.
Las más recientes fueron las sanciones económicas del gobierno estadounidense contra la extesorera nacional Claudia Patricia Díaz Guillén y el empresario de televisión Raúl Gorrín, dueño de Globovisión, acusados de participar en una red de corrupción.
Otra de las acciones del Grupo de Lima, a excepción de México, para bloquear al régimen es no permitir el ingreso a sus territorios de personas vinculadas al gobierno de Maduro.
El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, criticó que el Grupo “no tiene competencias” para desconocer a Maduro como presidente de Venezuela o para pedirle a cualquier mandatario que asuma el poder o deje de hacerlo.
Más allá de América, la Unión Europea (UE) pidió nuevas elecciones presidenciales al no reconocer los comicios en los que se impuso Maduro.
El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, país sumido en una crisis similar a la de Venezuela, además de enviar un mensaje de solidaridad confirmó su presencia el próximo 10 de enero en la investidura de Maduro.
“La vergüenza es de ellos, la dignidad es nuestra. Estamos juntos, los pueblos libres y decorosos de nuestra América, asumiendo nuestros derechos y exigiendo, con Bolívar, con Chávez, con Fidel, con Sandino, patria libre“, escribió Ortega en una carta dirigida a su colega venezolano.
A Ortega se sumaron el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y su homólogo boliviano, Evo Morales, defensores a ultranza del régimen chavista.
El cambio de timón de México al no apoyar al Grupo de Lima bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha sorprendido, aunque será Juan Manuel Nungaray, el encargado de negocios de la Embajada de México en Venezuela, quién representará al país en la toma de posesión.
Turquía será otro de los países presentes en la investidura con una delegación, además de Uruguay, que según el diario “El Observador” atribuirá su representación al encargado de negocios de su embajada en Venezuela, José Luis Remedi.
Con información de El Estimulo