Amnistía Internacional señaló el empeoramiento de la emergencia humanitaria debido a la «escasez generalizada de servicios y unos elevados índices de pobreza extrema».
La organización Amnistía Internacional (AI) publicó, este miércoles 7 de abril, su informe mundial sobre derechos humanos, donde se destacó que en Venezuela hay una crisis continuada de derechos humanos, y con nuevas denuncias sobre graves violaciones como ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, así como persecución, criminalización y detención arbitraria de activistas opositores, sociedad civil y activistas de DDHH.
En su informe, que Amnistía dividió en 19 ítems, se resaltaron las denuncias de tortura y otros malos tratos, así como la desaparición forzada de personas detenidas arbitrariamente. Los principales señalados siguen siendo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
«Las autoridades no investigaron las denuncias de tortura y otros malos tratos, que quedaron impunes», y tampoco se tomaron medidas para impedir el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, afirmó la organización.
Con respecto al tema de acceso a la salud, Amnistía Internacional señaló el empeoramiento de la emergencia humanitaria debido a la «escasez generalizada de servicios y unos elevados índices de pobreza extrema».
Además, la pandemia por covid-19 «agravó tanto esta situación como el deterioro progresivo de la infraestructura del servicio de salud. Las personas que regresaban al país eran recluidas en centros de cuarentena estatales en condiciones y durante periodos que podían constituir detención arbitraria y malos tratos».
Amnistía Internacional recordó que pese a las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos y la sociedad civil, la administración de Nicolás Maduro no dio la autorización necesaria para que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) accediera al país.
A pesar de las medidas económicas tomadas por Maduro, la organización destacó que «el sobrecumplimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos creó dificultades para acceder a bienes y servicios en Venezuela».
Otro de los puntos que resaltó Amnistía, en su informe anual, es el escrutinio internacional al que está sometido Venezuela en materia de derechos humanos, con mandatos concretos de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, la Misión de Determinación de los Hechos y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela de la CIDH.
En el caso de la Alta Comisionada, su oficina se comprometió a lograr la visita de procedimientos especiales este año además de continuar con el monitoreo en el terreno; mientras que la Misión de Determinación afirmó que existen motivos razonables para creer que en el país se cometen crímenes de lesa humanidad por lo menos desde 2014, donde están involucrados Nicolás Maduro y altos cargos militares y ministeriales.
Con información de Tal Cual