La organización de defensa de derechos humanos Amnistía Internacional solicitó una investigación “inmediata, exhaustiva e independiente sobre los hechos y la causa de la muerte de Fernando Albán, incluida la posibilidad de tortura”.
Emitieron una acción urgente y dirigieron su petición a la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, organismos que forman parte del Poder Ciudadano en el país.
Además están “pidiendo que la investigación cumpla el derecho y las normas de derechos humanos, incluido el pleno acceso de la familia Albán a la información” y que “protejan el derecho a la vida y a la integridad física de todas las personas recluidas bajo custodia del Estado, y que protejan también el derecho de estas personas a un juicio justo”.
El concejal Fernando Albán murió este lunes 8 de octubre en la sede de Plaza Venezuela del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), antes de su traslado a tribunales donde le imputarían varios delitos relacionados con el atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro, de acuerdo con la versión oficial que ofreció la Fiscalía.
Según el titular del Ministerio Público designado por la Constituyente, Tarek William Saab, Albán se lanzó del piso 10 del Sebin. Inicialmente dijo el lunes que lo hizo desde un baño en esta zona, pero este miércoles 10 de octubre negó que hubiera mencionado que fue desde un sanitario.
En cambio, sostuvo que estaba almorzando y en un momento se paró de forma abrupta para solicitar ir al baño, entonces corrió y en uno de los pasillos -a tres metros del baño en el piso 10- encontró una ventana panorámica abierta, de la que se habría lanzado.
Ratificó que habría sido un suicidio, aunque sus familiares y dirigentes del partido Primero Justicia, al que Albán pertenecía, acusaron al Gobierno de Nicolás Maduro de haberlo asesinado.
Registro de Amnistía Internacional
Para Amnistía Internacional, “su fallecimiento corre peligro de no aclararse si no se lleva a cabo de inmediato una investigación pronta, exhaustiva e independiente” y ratificaron que llevan registros de “casos de detenciones por motivos políticos de personas a las que se considera críticas con la política gubernamental. En algunos de esos casos hubo varias denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia del Sebin”.
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también solicitó una investigación que esclarezca el caso, así como una decena de gobiernos de países latinoamericanos, Estados Unidos y la Unión Europea.
Con información de Efecto Cocuyo