La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de contundente mayoría opositora, creó este año un “banco de leyes” que servirá de soporte jurídico a un eventual nuevo Gobierno en el país.
Durante una sesión de la comisión delegada, que reúne a una veintena de diputados cuando la Cámara entra en receso, el presidente del Legislativo, Omar Barboza, informó que se acordó la “estrategia” de continuar sancionando leyes que no fueron enviadas al Ejecutivo para su promulgación, en vista de su seguro rechazo.
Esto permitió a los legisladores continuar cumpliendo con sus funciones y desarrollar “una base jurídica” que “sirva de fundamento legal para la reconstrucción del país”, añadió.
Entre las leyes aprobadas destacan la que establece una “mega reserva” de agua dulce en el sur del país, y desactiva un ambicioso plan minero del Gobierno de Maduro, así como una para facilitar la “migración de retorno” ante el éxodo de millones de venezolanos que han abandonado su país sobre todo en el último quinquenio por la crisis.
Además, se espera que otras leyes, como las del Banco Central o de “recuperación de activos producto de la corrupción”, sean sancionadas en segunda discusión a partir del 5 de enero próximo, cuando la Cámara inicie un nuevo periodo de sesiones.
El Parlamento venezolano fue declarado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en “desacato” después de no cumplir con unas sentencias que este dictó y, además, fue despojado de sus competencias legislativas por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Por lo anterior, el Ejecutivo de Nicolás Maduro omite presentar ante el Parlamento sus obligaciones y lo hace ante la ANC -órgano no reconocido por numerosos gobiernos del mundo-, al tiempo que no reconoce las decisiones y controles del Legislativo.
La Cámara, por su parte, también desacredita muchas de las acciones del Gobierno de Maduro por no haberles ofrecido el aval que marca como necesario la Constitución vigente.
En ese sentido, Barboza señaló que el Parlamento ejerció funciones “de control” cuando este 2018 declaró nulas varias decisiones del Ejecutivo, como la de adelantar el desarrollo del criptoactivo Petro, hoy ligado a la moneda local y al salario mínimo.
Asimismo, el Legislativo declaró inconstitucional el nombramiento de ministros, presidentes de instituciones y hasta de embajadores y jefes de misiones diplomáticas, puesto que esto no fue aprobado por los diputados, y también ha desconocido los comicios celebrados este año en el país, incluyendo las presidenciales en las que Maduro fue reelegido.
Con información de El Estimulo.