Desde hace mucho tiempo no se observaban productos nacionales en los supermercados de Caracas, pero “ahora podemos ver varias marcas de harina de maíz en anaquel (…)”, junto a otros víveres que pese a estar libres de ventas condicionadas, “no se venden como pan caliente”.
Ante lo que pareciera una flexibilización de los controles de precios por parte del gobierno de Nicolás Maduro, el costo de los alimentos no perecederos marcha al ritmo que impone la hiperinflación. “Tanto nadar (y destruir todo un país en el proceso), para morir en la orilla”, sentencia en las redes sociales el analista financiero Henkel García, respecto a este tema.
Mientras que el salario mínimo en Venezuela se mantiene en el orden de los 40.000 bolívares, el regreso de víveres a los supermercados parece no darle tregua al poder adquisitivo de los venezolanos, pues, hasta el 7 de junio, el kilo de harina de maíz, de arroz, de pasta, de caraotas o de lentejas se ofrecía por encima de los 10.430 bolívares en Caracas. Incluso, leche en polvo La Campiña” y el aceite de maíz Mazeite ubican su precio por encima de los 34.000 bolívares.
Así, luego de que el país enfrentara al menos 15 meses en hiperinflación, el precio de estos productos no solo es un reto para los consumidores, sino también para las empresas, que, según la economista Albani Granado, se debaten entre la opción de fijar precios altos para evitar su propia descapitalización y manejar el impacto de estas cifras sobre la rotación de mercancía en los comercios. Aunque la inflación mensual se ha desacelerado, el país aún enfrenta los estragos de la hiperinflación.
Sobre esto, Henkel García señala que la demanda por parte de los clientes potenciales es cada vez más baja debido a que el flujo de bolívares en circulación es menor a consecuencia del recorte de los créditos bancarios y la baja productividad en el país.
“Aunque hay un cambio insuficiente, se observa un cambio”
Para García, director ejecutivo de la firma Econoalítica, este escenario se explica como un cambio de postura por parte del gobierno frente a la fijación de precios, la distribución de alimentos a través de la emisión de guías SICA y la creación de las mesas de cambio de divisas.
A su juicio, ya no hay “una postura policial” como la que se expresó en agosto de 2018 cuando aplicaron multas, confiscaciones y arrestos en contra de cientos de comerciantes en ventas de víveres y otros alimentos en una supuesta táctica para “proteger el salario de los venezolanos”.
El analista sostiene estas señales de apertura “llegan en un mal momento para el país, pues Venezuela necesita mayores libertades económicas y la restitución de derechos” para lograr un efecto de apertura real y equilibrada. Agrega que de lo contrario solo tiene un efecto limitado.
“No es la única corrección que necesita la economía venezolana. Por una parte se abre el mercado con la flexibilización del control de cambio y, por otra, se mantiene la contracción de la economía”, concluye.
Con información de Crónica Uno.