La Encuesta Nacional de Hospitales divulgada en marzo de 2018 estima en 88% la escasez de medicamentos y en 79% las fallas de material quirúrgico en los centros de salud públicos a escala nacional. Si por casualidad un hospital llega a estar en el 12 y el 21 por ciento restante, respectivamente, aún deberá lidiar con un posible apagón, no tan extraños en un país donde hay racionamientos eléctricos, declarados o no, que pueden dejar a oscuras a poblaciones completas durante varias horas.
Desde 1998 están vigentes unas “Normas que establecen los requisitos arquitectónicos funcionales del servicio de quirófanos de los establecimientos de salud médico-asistenciales públicos y privados”, publicadas en la Gaceta Oficial 36.574 del 4 de noviembre de ese año, justo un mes antes de que Hugo Chávez ganara su primera elección presidencial.
El documento no establece como obligatorio tener planta eléctrica. Eran otros tiempos, y los servicios públicos funcionaban con cierta regularidad.
Veinte años más tarde es imperativo que existan en recintos de actividad tan delicada. En caso de no existir, los equipos de anestesia tienen unas baterías independientes que duran un aproximado de dos a tres horas, para que los médicos terminen las operaciones en curso al momento del apagón, así sea alumbrando con sus celulares o con la luz natural que entre por alguna rendija.
La incapacidad acumulada durante 20 años se refleja hoy en la aguda crisis de servicios que atraviesa Venezuela. Apagones son el pan nuestro de cada día, de una sociedad que vive en la penumbra, de una sociedad que no tiene suministro de agua, que no tiene comida, no consigue como movilizarse porque no hay transporte, de una sociedad que hoy está viviendo en la miseria y la pobreza.
Con información de El Estímulo