La abogada constitucionalista y docente universitaria, Isabel Esté, calificó como “un refrito” la última sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de la Asamblea Nacional.
El presidente de esta sala del máximo tribunal del país, Juan José Mendoza, leyó este lunes, 21 de enero, una nueva sentencia contra el Parlamento venezolano, con la que ratificaron la tesis jurídica del desacato de la AN, además de considerar nulas las directivas eligieron los diputados entre 2017 y 2019, incluyendo la presidencia que ejerce Juan Guaidó desde el pasado 5 de enero.
“Esa sentencia es un refrito de sentencias anteriores, las cuales se fundan en el supuesto desacato de la Asamblea Nacional y la anulación de sus competencias. Aquí lo único inconstitucional es la sentencia”, dijo la experta constitucional sobre la sentencia número 0003 de este 21 de enero.
La sentencia señala que “es inadmisible para esta Sala Constitucional la usurpación de atribuciones de otros poderes, modificando las formas de Estado y de Gobierno. Corresponde al Ministerio Público por órgano de su titular, determinar la correspondiente responsabilidad penal, civil y administrativa, de conformidad con la Constitución y las leyes, todo ello en protección del texto fundamental y de la estabilidad del Estado. Así se declara”.
Para Este sucede todo lo contrario, porque es el TSJ el que usurpa funciones de la AN cuando pretende desconocer el mandato de los venezolanos que escogieron a los parlamentarios en diciembre de 2015 y además asumir las facultades legislativas del Parlamento, como lo establece la Constitución.
“Las funciones han sido usurpadas por el TSJ cuando ha asumido atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional , y también por la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC)”, afirmó la abogada.
Añadió que el Parlamento al elegir su directiva cada año “está en ejercicio de una atribución constitucional”, como lo dice la Carta Magna.
La profesora de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) manifestó que esta forma de dictar jurisprudencia por el TSJ son “un barbarismo jurídico, eso que llaman algunos de mis colegas constitucionalistas ‘Derecho Alternativo Bolivariano’”.
Sobre la petición que la Sala hace para que el Ministerio Público determine responsabilidades civiles, penales y administrativas en contra de quienes conformaron las juntas directivas de la AN en los últimos dos años, recordó que en el caso actual de Juan Guaidó tiene inmunidad parlamentaria.
“La inmunidad de Guaidó es por su condición de diputado electo, no por ser presidente de la Asamblea Nacional”.
Con información de Efecto Cocuyo