El hecho de tener estatus irregular y la imposibilidad de cumplir con los requisitos pone cuesta arriba que familias extranjeras puedan alquilar un sitio donde vivir.
Luego de presentar su renuncia ante una embotelladora en Venezuela, Manuel Marcano decidió ir a visitar a su familia en Bogotá con la firme intención de quedarse. Logró cruzar la frontera en Villa del Rosario y tomó un bus hasta Bogotá, allí se consiguió con su hija. Los planes eran buscar trabajo y ayudar a pagar el apartamento que arrendaban en el occidente de la capital.

Todo marchaba bien. Manuel consiguió cargo como administrador de una panadería. Con ese sueldo podría ayudar entonces a conseguir una mejor vivienda. Pero el simple hecho de ser venezolano le trancó muchas veces las puertas. “Llamé varias veces pidiendo información de apartamentos y cuando escuchaban mi voz, con el acento venezolano de una se negaban y colgaban”, expresa Marcano.

Con ese inconveniente encima lidiaba, el tiempo se agotaba ya que del sitio que habitaba junto a su hija y el yerno debían desalojar porque se vencía el contrato y no sería renovado. “Nos pidieron dos meses de depósito, es decir, debíamos darle 1 millón 400 mil pesos que no teníamos”, agrega. Entonces a la carrera siguió la búsqueda, pero casi todos presentaban muchos recaudos que para los ciudadanos venezolanos, en muchas ocasiones es un reto. “¿Por qué es tan difícil arrendar aquí?, no entendemos por qué piden tantas cosas”, dijo.

Esa lista de requisitos puede ir entre la entrega de dos meses de depósito, dos fiadores o codeudores, carta laboral y certificación de ingresos dos o tres veces por encima del precio establecido de la mensualidad.

Para aquellas personas que poco han hecho una vida laboral en el país, no tienen récord crediticio o apenas van llegando y conocen pocas personas nacionales, es complicado. “Una vez me aprobaron el estudio de un apartamento en Bogotá, pero como no tenía vida crediticia en el país y muy poco tiempo con mi cuenta bancaria, me pidieron dos meses de fianza, un dinero que se utilizará como un seguro”, relató Carmen Meléndez, docente venezolana radicada en Cúcuta.

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Con información de La Opinión de Colombia

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