Este martes 5 de junio, la Asamblea Nacional, aprobó un Acuerdo en respaldo al informe presentado por el panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos, sobre los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela.
El informe contiene 131 asesinatos cometidos por el Estado venezolano entre 2014 y 2017, así como 8.292 ejecuciones, información cuya base fue suministrada por la Asamblea Nacional, participando además en la redacción del informe
La Diputada Delsa Solórzano recordó que no existen privilegios a la hora de enjuiciamiento, según el artículo 27 del Estatuto de Roma, al igual que el 29, ordena que los delitos no prescriben. “Queremos seguir remitiendo a la CPI todas las probanzas que vamos recabado en las investigaciones; respaldamos este informe porque sabemos que está hecho con base a probanzas. Aunque sabemos que el Poder Judicial está secuestrado por el Poder Ejecutivo más temprano que tarde llegará la justicia a Venezuela».
En el documento presentado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, están reflejadas las 8292 ejecuciones judiciales, 12 mil detenciones, 1300 presos políticos desde 2013. Es por ello, y tomando en cuenta el artículo 54 del Estatuto de Roma, no se le puede prohibir la entrada a Venezuela a la Fiscal Fatou Bensouda, quien debe investigar las acusaciones presentadas y sustentadas.
Quienes hoy niegan la crisis que hay en el país, también son corresponsables de los crímenes de lesa humanidad. No se gozan ni de privilegios ni de inmunidades a la hora de ser sometido a una investigación por parte de la CPI.
Con información de La Patilla